El jueves pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) difundió finalmente la declaración parcial de constitucionalidad del Estatuto Autonómico departamental de Santa Cruz; 61 de los 144 artículos y dos disposiciones finales fueron declarados incompatibles con la Constitución Política del Estado. El TCP exhortó a socializar la norma para evitar dilación procesal.
Por diversas razones, entre ellas su complejidad, el proceso de autonomías departamentales en el país avanza con lentitud. A la fecha, solo Pando y Tarija cuentan con estatutos en vigencia. En los cinco departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) donde ganó la opción No en el referéndum de septiembre de 2015 sus estatutos están congelados. En Beni sigue pendiente la adecuación constitucional. Y el Estatuto cruceño, en su momento vanguardia, tiene todavía camino por delante.
¿Cuál es la situación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz? Tras haber sido notificada con el fallo del TCP, la Asamblea Departamental debe analizar cada uno de los 61 artículos observados y adecuarlos a la Constitución. No puede hacerlo por su cuenta. “A objeto de evitar cuestionamientos y/o impugnaciones”, requiere generar espacios participativos de consulta con diferentes actores. Luego tendrá que aprobar los ajustes por dos tercios y enviar nuevamente el documento al Tribunal Constitucional.
En ese recorrido, que puede ser impulsado rápidamente, las primeras señales no han sido las mejores. Algunos asambleístas del partido mayoritario (Demócratas, del gobernador Rubén Costas) tratan de minimizar la declaración del TCP, ignorando que más del 40% de los artículos del Estatuto no son compatibles con la ley fundamental. Y si bien es cierto que algunas observaciones son de forma, otras interpelan el contenido, en especial respecto a las competencias de la autonomía departamental.
Surgieron también interpretaciones sin sustento. El director jurídico de la Gobernación, nada menos, cree que los artículos del Estatuto Autonómico que fueron declarados compatibles con la Constitución Política ya pueden ser aplicados. No existe tal cosa. El Estatuto entrará en vigencia únicamente cuando obtenga la declaración de constitucionalidad plena de todo su contenido. Tampoco resulta adecuado el “recurso de aclaración, complementación y enmienda” anunciado por la presidenta de la Asamblea.
Dependiendo de las voluntades, el camino puede ser expedito o, por el contrario, largo y difícil. El fallo del TCP brinda a Santa Cruz la enorme oportunidad de contar con un Estatuto plural e inclusivo, concertado con todos los actores de un departamento diverso que enfrenta el reto de la interculturalidad. Si las élites, en cambio, insisten en imponer una sola mirada, como lo han hecho en los últimos años, lo más probable es que su documento autonómico siga sin culminar el test de constitucionalidad.
