La prensa registra que en Cochabamba Marina Ramos (29) muere en manos de su agresor al negarse a tener relaciones sexuales; en Chuquisaca, una mujer fallece tras ser empujada a un barranco por su esposo; en Santa Cruz, Ángela Rojas (19) asiste a la fiesta de promoción de su mejor amiga y no retorna porque es asesinada por su violador. Y esto solo en diciembre de un año que registra las tasas más altas de feminicidio de nuestra historia. Hasta noviembre se habían contabilizado 85 casos, dando un promedio de muerte de una mujer cada tres días. Apoyando los 16 días de activismo contra la violencia, La Razón nos confrontó con el horror de una infografía que refleja el perfil de cada una de las víctimas; y el 25 de noviembre, cerca de 5.000 mujeres de seis ciudades del país se movilizaron bajo la consigna #Ni una Menos.
Pero nada parece parar la muerte. Nuestra sociedad sigue siendo misógina. Según información revelada por el Ministerio de Gobierno, tan solo en 2015 se han denunciado 42.061 delitos vinculados a la integridad de las mujeres bolivianas. Este problema social debe preocuparnos y ocuparnos a todos y todas. Y así lo expresan numerosas autoridades en sus sentidos discursos de fechas emblemáticas. Por ello, resulta muy útil analizar la real voluntad política de las autoridades reflejada en su mejor expresión, los presupuestos públicos, para darnos una idea clara de cuánto verdaderamente inquieta el daño a la integridad psicológica, física y muerte de tantas mujeres.
En ese sentido, resulta muy útil el trabajo presentado por el Ministerio de Autonomías y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza denominado Recursos de los municipios y departamentos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este análisis refleja que, en la gestión 2015, del total programado por los gobiernos municipales para proyectos y actividades destinados a la lucha contra la violencia en razón de género tan solo se ejecutó el 47%, alcanzando a solo el 0,33% del presupuesto de inversión total ejecutado en los 339 municipios.
Por otro lado, en la gestión 2015 los gobiernos autónomos departamentales destinaron Bs 26 millones provenientes del IDH para la construcción y el mantenimiento de casas de acogida; de los cuales se han ejecutado tan solo el 4%. Del nivel nacional no tenemos mucho que decir en primera instancia, porque no existe información para hacer seguimiento a los recursos destinados para prevenir y atender la violencia de género de parte del Ministerio de Salud, Educación, Comunicación y Trabajo (con responsabilidades directas en la Ley 348). Sobre esto solo sabemos, según audiencia pública, que la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en razón de Género y Generacional cuenta con Bs 23.000 del presupuesto estatal para todo su trabajo.
Recordemos que ya en 2013 los ministerios de Justicia, Autonomías y la sociedad civil realizaron el primer costeo para la implementación de la Ley 348 en el país. El costeo calculado para siete años es igual al 0,35% del Presupuesto General del Estado (PGE); y las acciones para paliar la violencia iban a demandar Bs 249 millones en el primer año, con una reducción para los siguientes.
Ese cálculo quedó guardado y no se logró implementar una institucionalidad acorde a las buenas intenciones de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Hoy solo podemos hacer un recuento de los daños en la brecha de implementación de los marcos normativos que tanto nos enorgullecen. Por ello nos preguntamos, ¿cuántas personas de sexo femenino deben morir para que el Estado boliviano asuma su compromiso con las mujeres de una vida libre de violencia?
