Con la Navidad tocando la puerta sale esta columna, en un entorno donde todos hablan de temas baladíes como si Evo Morales podrá imponer o no su repostulación y si la oposición podrá o no evitarla. La opinión pública, siempre ávida de estas tertulias sobre supuestas conspiraciones y maquiavélicos planes, se rasga las vestiduras según el color político de su predilección. Así, el destino de este análisis es llegar a los intelectuales del sector y a los trasnochados lectores para que puedan darse un respiro entre cenas y fiestas.
Ortega y Gasset decía que “la historia es un entusiasta ensayo de resurrección”, y la minería en Bolivia ha tenido muchas resurrecciones a lo largo de su historia, en el eterno vaivén entre intereses políticos diversos. Siempre hubo un sino de misterio, de secretismo en los mineros, un accionar subterráneo como los socavones, oculto como las escurridizas vetas minerales, leve como el viento que no se ve pero se siente, como alguien decía. Desde la minería del incario, donde la actividad era un deber para con el inca (quien creó la mita como instrumento de coacción); pasando por la Colonia, que asimiló e impuso la mita a rajatabla para explotar mitayos y minas por igual; siempre las grandes ganancias de los mineros han estado ligadas, con honrosas excepciones, a la explotación inmisericorde de la mano de obra, al poco apego a las normas laborales y tributarias y a los protocolos medioambientales.
La explotación del Cerro Rico de Potosí fue una aventura exitosa de los conquistadores porque la mita les permitía contar con mano de obra casi gratuita, al punto de que el Marqués de Castelfuerte, al referirse a Potosí, decía: “No había riqueza sin minas ni minas sin indios”, el indio, como decía Luis Capoche, “es una moneda con la cual se halla todo lo que es menester, como con oro y plata y muy mejor”. La historia posterior de los Barones del Estaño fue posible por la docilidad y el accionar subrepticio de gobiernos que permitieron un saqueo que solo dejaba las migajas de alguna regalía y/o del impuesto a las exportaciones (cuando se lo cobraba); era el liberalismo y el capitalismo salvajes en su mejor expresión. El ensayo de apropiación estatal del excedente que significó Comibol fracasó por querer imponer, además de las normas laborales y tributarias vigentes, otras, impuestas por la presión casi subversiva de sindicatos y políticos, en minas en decadencia y en condiciones de mercado paupérrimas. La productividad y la rentabilidad de la corporación bajaron al punto de aniquilar la aventura de capitalización neoliberal, cuyos resultados conocemos, el tira y afloja por el control del excedente entre un Estado económicamente golpeado y empresas que aspiraban a inéditas ganancias.
Se han implementado proyectos exitosos que se pueden contar con los dedos de la mano por las inversiones en exploración y tecnología, pero la lucha por el excedente terminó con estatizaciones de operaciones importantes (Huanuni, Colquiri, Vinto, Karachipampa, Mallku Khota, etc.); y recaló en el actual proceso nacionalista, indigenista y plurinacional que vivimos. ¿Una nueva resurrección de la minería estatal?
El dossier estadístico de 2015 del INE indica, en cifras redondas, que el sector contribuyó con $us 78 millones en impuestos (en 2005 fueron $us 79 MM). El mayor contribuyente fue el sector empresarial (56%), le siguen las minas estatales (37%), las cooperativas (2%) y otros productores (5%). Las regalías ascendieron a $us 163 millones en 2014, cifra poco menor que la registrada en 2015. Los valores máximos en impuestos se registraron en 2011 ($us 258 MM), y en regalías, el 2010 ($us 167 MM). El sector informal (cooperativas y otros) es el mimado de turno; el viento susurra que puede ser por mucho tiempo. Felices fiestas.
