La repentina renuncia de Ángel Guillermo Hoyos a la dirección técnica de la selección nacional de fútbol es una clara muestra de que siempre se puede caer más bajo, en la crisis que aqueja desde hace varios años a la estructura institucional que rige ese deporte. Cada nuevo error parece superar al que le antecedió, en eso la dirigencia va ganando por goleada.
Ya es casi parte del folklore nacional criticar la incapacidad de los responsables del fútbol para diseñar un proceso ordenado y planificado de desarrollo, que nos acerque nuevamente a la participación en un mundial. Son muchos años que se cumple religiosamente el ciclo; después de cada nueva decepción se habla de renovación, de la necesidad de impulsar, ahora sí, “un proceso”, y de la urgencia de darle nuevas bases a la organización e institucionalidad del fútbol boliviano, palabras que se las lleva el viento al poco tiempo, hasta el próximo desastre.
Lo cierto es que a estas alturas del partido pensar en una nueva institucionalidad con objetivos de mediano plazo parece casi utópico cuando no hay capacidad para resolver ni siquiera problemas meramente operativos. Peor aún, como ya es casi una costumbre, nadie aparece para explicar o hacerse cargo del desaguisado. De hecho, en las actuales condiciones ya sería una hazaña contar con un liderazgo estable y visible en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Este panorama debería llevarnos a una reflexión general sobre la responsabilidad colectiva que tenemos en la crónica debilidad de las instituciones en el país. Por lo visto, esta fragilidad no es monopolio solamente de las entidades gubernamentales o políticas, sino también de buena parte de las estructuras de decisión y acción colectiva de la sociedad. Frente a estas deficiencias se debe reclamar mayor responsabilidad a las altas dirigencias; pero es igualmente necesario pensar en lo que se puede hacer desde la propia base de la sociedad para impulsar un cambio, en este caso desde los clubes, las federaciones, los gremios que agrupan a los aficionados y la opinión pública.
Esta degradación debería obligar igualmente a modificar el foco de las estrategias de institucionalización. Resulta evidente la necesidad de avanzar hacia una renovación del marco estructural de gobernanza de ese deporte, pero la grandilocuencia de estos objetivos no debería esconder la urgencia de darle un mínimo de orden administrativo y racionalidad práctica al manejo de los seleccionados y al cumplimiento de los compromisos ineludibles del fútbol boliviano en el corto plazo. La institucionalidad se va construyendo paso a paso. Ya sería un avance si se logra, por ejemplo, llenar una planilla de inscripción de jugadores según las normas de la FIFA o elaborar un contrato con un técnico que tenga cláusulas que garanticen un mínimo de previsibilidad y de garantías. Estamos, lamentablemente, en ese nivel de exigencia.
