A las fuertes expresiones, la pasada semana, de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, se ha sumado —en consonancia con esos criterios— un polémico decreto firmado el lunes por el presidente Mauricio Macri, que endurece la política migratoria de aquel país en perjuicio de ciudadanos extranjeros, entre ellos bolivianos, paraguayos y peruanos.
La norma pretende controlar el ingreso de foráneos que cuenten con documentación falsa o hayan omitido reportarla ante las autoridades locales, que estén prohibidos de hacerlo o hayan sido expulsados, que tengan antecedentes penales o hayan sido condenados, que tengan vínculos con el tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, o que tengan relación con genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad u otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Bajo esos argumentos, el Gobierno argentino puede pedir la “retención preventiva” del extranjero para efectivizar la expulsión, establece el decreto en cuestión.
La decisión de Macri acaba de poner en situación de vulnerabilidad a las comunidades extranjeras asentadas en Argentina, particularmente bolivianas, paraguayas y peruanas, las que —aparentemente— fueron el motivo de la medida, como aludió Bullrich, quien sugirió “ordenar las relaciones” con los países mencionados.
Además, el Gobierno argentino ya había impuesto la semana pasada controles migratorios en los aeropuertos del país, para los que las compañías aéreas están obligadas a ofrecer información previa de sus pasajeros.
Como consta en nuestra publicación de ayer, muchos connacionales radicados en Argentina consideran que el Decreto 70/2017 pretende afectar su situación laboral. Es más, el riesgo de ser tratados con discriminación o ser estigmatizados por la xenofobia está latente.
Aunque con cierta cautela, el Gobierno de Bolivia ha expresado su preocupación sobre la política argentina respecto de los migrantes y adelantó que buscará reuniones bilaterales para encontrar una solución conjunta al problema. Ojalá sea posible revertir la medida, por la sana convivencia de los pueblos y de sus habitantes, y así honrar los derechos humanos relativos a los migrantes.
De acuerdo con los mandatos de la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados están llamados a generar políticas para la “despenalización de la migración irregular”, la búsqueda de “alternativas frente a la detención administrativa de migrantes en situación irregular” o el “combate de la xenofobia y la discriminación contra los migrantes”.
Asumimos esa necesidad ante la acción gubernamental argentina. Políticas de esa naturaleza, más allá de la legítima decisión del resguardo ante la delincuencia, tienden a ser una incitación a la xenofobia.
