Si se revisa la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 y sus normas reglamentarias, de las cuales la primera salió cinco años después de su promulgación (1995) en pleno auge neoliberal, se basa en un Estado regulador y sin participación en la economía, cediendo ese rol a la iniciativa privada, confiando sobre todo en la empresa transnacional que mediante privatizaciones —capitalización— se hizo cargo de empresas estratégicas y de alta rentabilidad como YPFB, Entel, ENDE, etc. destruyendo el aparato y la memoria productiva del país, que costó décadas construir.
Obviamente es una normativa que no se adecua al proceso de cambio que vive el país desde el 2006. Su estructura, supuestamente con base en la teoría sistémica, señala 8 sistemas de administración y control gubernamental: Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Personal, Bienes y Servicios, Control Interno y Externo Posterior, temas que antes se manejaban muy bien sin la rimbombancia sistémica, que por otra parte no funciona así y menos logró la modernización de la gestión pública.
Al ser una ley de más de 27 años, está totalmente descontextualizada frente al avance tecnológico y en la práctica sistémica que vivimos hoy, donde se realizan todo tipo de operaciones administrativas, financieras y de control en línea. Quizá por eso, el presidente Evo en su informe de gestión ha pedido propuestas para desburocratizar la gestión pública, seguramente porque siente en el día a día la obsolescencia de la Ley 1178. Pero no solo él, también el servidor público, que tiene por ejemplo que hacer su propia planificación operativa anual individual (POAI), no me imagino la tarea de seguimiento del área de planificación y personal al cumplimiento del mismo, si se lo hace rigurosamente.
Para desburocratizar es necesaria una nueva ley de gestión pública, que no se pierda en la minucia, herramienta del burócrata para frenar las políticas, una ley de gestión pública con enfoque plurinacional, que rescate las visiones de los hombres y mujeres que habitaron esta tierra bajo visiones como el suma qamaña, el ñandereko, el teko kave, el ivi maraei y el qhapaj ñan, visiones que no han podido ser superadas por la modernidad y civilización occidental. Visiones que fragmentariamente hoy nos garantizan la seguridad alimentaria, nos enorgullecen a través de los tejidos, las cerámicas y la música. Es pues importante una normativa de gestión pública que coadyuve al cumplimiento de políticas de Estado y no de grupos corporativos, así avanzaremos como país. Su importancia radica en transparentar el buen y eficiente uso de los recursos para que no se dilapiden en proyectos que no favorecen a las necesidades esenciales de la sociedad.
Una educación liberadora que forme niños y niñas creativos y solidarios, una alimentación digna, una producción que no explote la naturaleza sino conviva con ella. La tarea no es fácil, porque el mercado e individualismo en más de 20 años de neoliberalismo parece haber calado profundo en el accionar público y más con la vigencia de la 1178. Somos ancestrales productores de la papa en sus cientos de variedades, del maíz, de la quinua, alimentos que el mundo los ha hecho propios, que más potencia y competitividad productiva como país, y que la gestión pública debería dinamizar y multiplicar en un mundo que se debate en crisis de sobreproducción, de contaminación y destrucción de la naturaleza.
