Recientemente el presidente Morales ha manifestado su inquietud por el retraso en la construcción del proyecto hidroeléctrico San José. Esta observación tiene que ver con un problema que debería ser una de las principales prioridades del gabinete ministerial: la optimización del seguimiento y ejecución de las inversiones públicas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El Gobierno tiene previsto acelerar la inversión pública en el periodo 2016-2020 mediante la ejecución de grandes proyectos de energía, de infraestructuras y de nuevas instalaciones productivas, por ejemplo, para la industrialización del litio y de otros minerales. En 2016 se habría ejecutado algo más de 5.000 millones de dólares de inversión pública y se tiene presupuestados casi 8.000 millones para este año. Estos montos son muy significativos considerando que hasta 2013 nunca la inversión pública había superado los 3.000 millones de dólares por año.
Este esfuerzo apunta a sostener el crecimiento económico y a viabilizar la diversificación productiva en el horizonte del bicentenario. Una buena parte de los ahorros y recursos futuros de la nación estarán destinados a estos objetivos. Sin embargo, no basta con tener el dinero para estos proyectos, es aún más importante utilizarlo con inteligencia, eficiencia y transparencia. Sin esas cualidades, los propósitos del PND podrían quedarse en el papel.
Aunque es comprensible el retraso de una obra por ciertos imponderables, los cuales deben estar previstos y claramente reglamentados en los contratos de las obras, muchas veces éstos también podrían ser el reflejo de una planificación apresurada, de diseños técnicos insuficientes o de lenidad en la supervisión de los proyectos. Esto es justamente lo que se debe evitar mediante un fortalecimiento de las instancias encargadas de su planificación e implementación. Para esto se precisa dirigentes e instituciones públicas con capacidades estratégicas y técnicas reforzadas. Es urgente modernizar procedimientos, reclutar a los mejores técnicos y aumentar los recursos de ciertas áreas clave de la burocracia estatal.
Por otra parte, el caso Odebrecht debería ser una alerta, pues está revelando justamente cómo la corrupción a gran escala se instala con facilidad en contextos donde hay grandes ejecuciones de obras públicas, pero con institucionalidades débiles. Y esto no tiene mucho que ver con problemas político-ideológicos, ya que ha contaminado por igual a gobiernos de izquierda y de derecha.
En síntesis, ciertamente el país y el Gobierno tienen un gran desafío en la implementación del ambicioso PND, pero esto implica preocuparse no solamente en que las cosas se hagan rápido, sino en que todo el proceso, desde la decisión hasta su ejecución, sea gestionado de manera eficiente y transparente.
