Presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física, psicológica y sexual, son las siete señales que delatan el acoso y violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público, según el reglamento de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Tras cuatro años de promulgarse la normativa, el reglamento fue bien recibido por asociaciones de concejalas, alcaldesas y asambleístas, porque conceptualiza y diferencia las acciones de acoso y violencia política, necesarias al momento de denunciar.
“No me dejan hablar”, “quieren obligarme a firmar documentos”, “cada día escucho insultos”, son algunos testimonios que irónicamente empañan el liderazgo de Bolivia en cuanto a paridad de género. Pero, ¿cuáles son los actos de acoso político?…
Está la presión, que se refiere a la influencia negativa ejercida contra una mujer, con acciones u omisiones para que actúe de determinada manera. La persecución, que es el seguimiento constante y permanente, impidiendo el libre mandato de su función; y el hostigamiento, que son los ataques continuos a una fémina, causándole inquietud y angustia.
Mientras que los actos de violencia política son la amenaza, que implica la advertencia de producir daño físico, psicológico, sexual, patrimonial o laboral; la agresión física, es todo hecho que ocasiona lesión o daño corporal; la agresión psicológica, es la acción de desvalorización, intimidación o humillación; y la agresión sexual, que implica una conducta que atente contra la libertad sexual o la autodeterminación sexual.
Bolivia ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor participación de la mujer en su Asamblea Legislativa, con un 61%; aunque el panorama no se repite en los cargos a ministerios, gobernaciones y alcaldías porque se reduce a un 20%, 0% y 8%, respectivamente.
Desde que Lydia Gueiler asumió la presidencia del país en 1979, hasta la fecha ninguna fémina volvió a ocupar ese puesto, salvo de manera interina, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
La situación no es muy distinta en el gabinete ministerial, porque a 47 años de que Alcira Espinoza, la primera ministra mujer, fuera nombrada titular del Ministerio de Trabajo, ahora, solo cuatro (20%) de estas 20 plazas están al mando de una mujer.
En los nueve departamentos no existe una mujer en el cargo de gobernadora y de los 339 municipios del país, solo 27 (8%) tienen a una fémina como alcaldesa. ¿Por qué?, uno de los fundamentos es que los partidos políticos aún prefieren a los varones como postulantes, según señala un estudio de ONU Mujeres.
