Atrás quedaron las jornadas luctuosas que, en el último tiempo, dificultaron la marcha política del país. En 2008, mientras el país terminaba de acordar un contrato social inédito en la Asamblea Constituyente, el clima se vio enrarecido por un conflicto que entonces aún se resistía a un cambio propuesto en una nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Liderazgos regionales, con cierta legitimidad y reducidos a una minoría política, trataron de desahuciar el documento fundamental, paradójicamente, en desmedro del mismo Estado de Derecho que propugnaban en sus disputas ante la irrupción de un nuevo poder político. Cierre de aeropuertos, bloqueo de ciudades de la llamada “media luna” y quema de instituciones caracterizaron el ambiente, situación que a finales de año fue revertida con un acuerdo nacional entre oficialismo y oposición con representación legislativa y constituyente.
Nacía la actual Constitución, firmada como ayer en 2009 por el presidente Evo Morales y puesta en vigencia un día después a través de la Gaceta Oficial. Son ocho años de ese texto nacional que, a pesar de los recelos iniciales de sectores conservadores, es asumido hoy como suyo, a tal punto de ser reivindicado ante cualquier intento de modificación.
El tiempo de su vigor es suficiente para hacer un repaso al avance de algunos aspectos que establecen su contenido.
El modelo de Estado Plurinacional instaurado con la CPE aún sufre de contradicciones conceptuales con relación a instituciones republicanas, aunque es destacable el reconocimiento de los pueblos indígena originario campesinos que logró. Su espíritu autonomista tiene poco reflejo en la construcción de gobiernos subnacionales autónomos, que tienen muchas dificultades. Hay deficiencias en la consolidación institucional; la burocracia y la corrupción son las principales causas.
Quizás la tarea más complicada sea la justicia; la elección por voto popular de autoridades del Órgano Judicial no logró aplacar la corrupción y el tráfico de influencias, y la retardación, las falencias de la defensa en libertad o el consiguiente hacinamiento en las cárceles del país.
No son pendientes menores la educación, la salud y la seguridad ciudadana, que requieren de mejores políticas públicas en el marco de los derechos fundamentales de las personas. Coincidente con la crisis actual del agua, el medio ambiente es otra de las tareas en espera.
Si bien es perfectible, la Constitución se merece el concurso de todos los bolivianos; su vigencia deberá estar siempre marcada por la legitimidad y la fuerza del pueblo. Corresponde honrarla al Estado, sus instituciones y sus ciudadanos a través del acompañamiento de un buen cuerpo legal, la promoción de su espíritu y el cumplimiento de su mandato. Que el país se ponga siempre a su merced por encima de intereses particulares y partidarios.
