La Cámara de Senadores tiene para ratificar dos convenciones de la OEA, tendientes a combatir la discriminación y la intolerancia. Ante todo, pienso que es digna de aplauso cuanta iniciativa surja con la intención de superar “toda forma de discriminación y de intolerancia”. El ser humano debería poder vivir libre de toda agresión a su dignidad, y esto es anterior a cualquier otra consideración. Hay que superar las agresiones físicas, por supuesto, pero no son las únicas. El cerebro humano percibe el rechazo exactamente en el mismo centro del dolor físico, lo cual muestra que es tan inaceptable el primero como el segundo.
Está claro que habrá algunas iniciativas mejores que otras, y que en cada caso habrá que evaluar hasta dónde es previsible el beneficio que se intenta, y si en algún aspecto puede haber una consecuencia indeseada. En el caso de las convenciones mencionadas de la OEA, redactadas hace ya varios años, el hecho de que ningún país haya querido suscribirlas puede ser sintomático. Tal vez su negativa se deba a motivos que sería conveniente tener en cuenta también en nuestro país, que sería el único en ratificar tales acuerdos.
Hay ocasiones en que la solución que se propone puede provocar daños mayores que los que procura evitar. Una vez se refirió a este tipo de desaciertos Juan Domingo Perón recurriendo a una nota de humor. El General Aspirina se encontraba departiendo con otras personas y se le acercó un oficial, que le preguntó: “¿General, tiene usted algo para el dolor de cabeza?” La respuesta no se hizo esperar. “Por supuesto”, dijo el interpelado, y acto seguido sacó su pistola y le encajó un tiro en la cabeza. Indudablemente el dolor desapareció de inmediato, pero acaso no era la mejor manera de eliminarlo.
El texto de una de las convenciones define intolerancia como “el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias”. Según esto, observa el analista Tomás Henríquez, el solo hecho de rechazar una afirmación (porque uno sostiene otras convicciones u opiniones) podría eventualmente considerarse como intolerancia. Es decir, el texto de la convención colisiona con algo reconocido en el derecho internacional, el derecho a la libertad de opinión.
Por otra parte, ambas convenciones disponen algo sorprendente: los Estados que las ratifiquen deben eliminar, prohibir y sancionar “la elaboración y utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicas que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1”; es decir el sexo, la orientación sexual o la identidad o expresión de género. Es decir, vuelve a asomar el pensamiento único, propio de los totalitarismos a los que nadie desea regresar. Nótese que esto también entra en choque con otro derecho reconocido en nuestras leyes, el de las familias a educar a sus niñas y niños, también reconocido en el derecho internacional.
Catalina Botero, hasta 2014 relatora de la OEA para la libertad de expresión, advirtió que esta libertad corre peligro a medida que se imponen intereses de grupos decididos a quedarse con un único micrófono. En su momento lo dijo en relación con grupos LGTB a favor de los cuales ella luchó durante años. Paradójicamente, una vez adquiridos sus derechos de libertad de expresión han cambiado de actitud y se muestran enemigos de tal libertad al buscar restringirlos en quienes piensan distinto que ellos.
Bolivia es un país abierto a la diversidad. Lo ha sido siempre, y más ahora que se reconoce a sí mismo como plurinacional. El pueblo boliviano tiene gran apego a la libertad de expresión, de pensamiento y de creencia. Sería penoso ver amenazadas las bases de las culturas bolivianas por intereses extranjeros y/o de grupos que buscan una colonización ideológica. Seguramente seremos capaces de encontrar mejores soluciones contra la discriminación y la intolerancia.
