Construir y consolidar políticas de Estado en Bolivia es una tarea muy difícil de afrontar dados los cambios continuos y pendulares no solo de gobiernos sino también como lo estamos viviendo dentro de las tres gestiones continuas del presidente Evo Morales, el tema de los indígenas es un claro ejemplo de ello pues en 2005 cuando el MAS se hace del control del Ejecutivo asume discursivamente que la problemática indígena dada su importancia y complejidad debía convertirse en política de Estado de la Bolivia Plurinacional.
Entendida una política de Estado como aquella que sigue latente y activa pese a los cambios de gobiernos y de gobernantes, posterior a la octava marcha indígena y a la crisis de Chaparina el MAS por gravedad decide desentenderse de los indígenas y se plantea otra línea discursiva que tiene como referentes centrales a los movimientos sociales dejando en los hechos atrás el eje central hasta entonces de la política masista, que hay que decirlo, tenía todas las condiciones y las perspectivas de consolidarse como política de Estado boliviana, penoso retroceso y aguda frustración para la política nacional.
Empero de que política de Estado consolidada podemos sentirnos orgullosos los bolivianos, sin duda el tema de la reivindicación marítima es quizá el único, al grado de lograr reunir a expresidentes y excancilleres derechistas neoliberales con las principales autoridades del actual régimen para abordar la demanda boliviana contra Chile en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Otra de las políticas de Estado en Bolivia pero en proceso de consolidación es el sistema democrático que el pueblo de Bolivia adoptó desde octubre de 1982 con la asunción al mando de Hernán Siles Zuazo, empero desde entonces el fantasma del autoritarismo no solo encarnado en los exdictadores sino también en autoridades democráticamente elegidas ha tratado de erosionar continuamente lo construido en materia democrática, prueba de ello es la crisis de octubre de 2003 en la que un puñado de degenerados de la democracia trataron de distorsionar por la fuerza un sentimiento nacional al extremo de asesinar a cerca de 70 compatriotas para saciar los apetitos económicos de intereses transnacionales.
La voluntad popular es la fuerza democrática que hace retroceder al autoritarismo venga éste de la derecha o de la izquierda y no respetarlo como se quiere hacer con el desconocimiento al referéndum del 21 de febrero es en los hechos atentar contra el proceso de consolidación de la democracia como política de Estado en nuestro país.
* es analista político
