El 11 de enero de 2013, Loui Oporto Almaraz, entonces de 34 años, se dirigió al barrio paceño de Cupilupaca para tomar un departamento en anticrético; sin embargo, se trataba de una celada organizada por su “amigo” Humberto Parra Pati, en complicidad con David Noé Bustos Calle, para robarle los $us 4.500 que traía consigo. Nueve días después su cuerpo fue encontrado en una pieza de ese mismo inmueble, debajo de una fosa cubierta con cemento.
Durante más de cuatro años los familiares de Loui tuvieron que transitar por los tribunales del Órgano Judicial para lograr que los sospechosos de este crimen fuesen condenados. Finalmente, este 15 de marzo el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz dictaminó 30 y 15 años de presidio para Parra y Bustos, respectivamente, por este crimen. Ello fue posible en gran medida gracias a la persistencia del padre de la víctima, un reconocido archivista, docente universitario, funcionario gubernamental de carrera que conoce el manejo de la cosa pública mejor que la mayoría de los ciudadanos, y que logró sortear con éxito las chicanerías utilizadas por los abogados defensores para dilatar el proceso, así como también “la inercia del Ministerio Público” (en palabras de Luis Oporto Ordóñez). El caso de Loui es ilustrativo sobre lo difícil que es lograr justicia en el país.
