El Gobierno ha emitido bonos soberanos por $us 1.000 millones que, según las autoridades, serán usados para la construcción de 11 hospitales de tercer y cuarto nivel. Si bien las condiciones de la colocación de esta deuda parecen favorables, el Ejecutivo tiene ahora el reto de garantizar el impacto de estas inversiones y seguir vigilando con rigor la sostenibilidad de la deuda externa.
Todas las economías modernas recurren en algún momento al crédito para costear sus gastos e inversiones. Esto no es necesariamente sinónimo de un desbalance severo o de una crisis financiera si se realiza en condiciones adecuadas; es un mecanismo que puede contribuir a sostener un flujo estable de gastos que impulse el crecimiento económico. Para analizar si un endeudamiento es sano hay que observar al menos tres aspectos: el nivel de deuda que ya tiene el país y las perspectivas futuras para cumplir con sus compromisos; las condiciones del crédito, por ejemplo su porcentaje de interés; y los impactos que la sociedad recibirá por su utilización.
En las primeras dos dimensiones, las informaciones del Ministerio de Economía son globalmente favorables. Bolivia, gracias a los años de bonanza, tiene todavía un bajo nivel de endeudamiento externo y márgenes para asumir nuevos créditos. El aumento de su deuda está, por ejemplo, por debajo de lo que ha ocurrido en Argentina y Ecuador en estos años, por mencionar a países con gobiernos con orientaciones ideológicas divergentes. Por otra parte, la tasa de interés obtenida en los mercados (4,5%) parece razonable, pues sería menor a la lograda en las dos anteriores colocaciones de 2012 y 2013, y a las que están consiguiendo otros países de la región en operaciones similares. Esto indica que las evaluaciones de los inversores externos sobre la solvencia del país son positivas, pese a que la coyuntura económica latinoamericana es más incierta en este periodo.
Optimizar el uso de estos recursos es quizás el reto más importante en este momento, y en el que debemos concentrarnos. Es una buena noticia que se destinen al sector salud, un área donde las deficiencias son notorias y el rezago infraestructural y en calidad de servicios es enorme. Sin embargo, es crucial que estas inversiones acompañen la puesta en marcha de una acción integral para mejorar los servicios públicos de salud. Es decir, desde ahora hay que planificar cómo los megahospitales deberán estar acompañados de equipamientos adecuados, personal capacitado y, sobre todo, de sistemas de atención innovadores y con sensibilidad. La rentabilidad de una infraestructura para salud no depende de la modernidad de su arquitectura o el volumen del cemento que se utilice, sino de los hombres y las mujeres que las ocupan y de las maneras de atender y acompañar a los pacientes. Eso es lo que el Gobierno en general y el Ministerio de Salud en particular deben garantizar.
