El martes por la noche, la Cámara de Senadores aprobó y sancionó el proyecto de Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación (cosa que no había ocurrido hasta el viernes). La norma, sin embargo, ya ha desatado intensa polémica, sobre todo por las disposiciones referidas a los bienes que sean incautados.
En efecto, el proyecto de ley, que fue originalmente anunciado en 2011 y que, junto a la recientemente promulgada ley de la coca y el todavía no aprobado Código del Sistema Penal, reemplazará la Ley 1008, ha merecido resistencia de parte de los transportistas y de los cívicos de Cochabamba, quienes realizaron un paro el jueves pasado; así como de los asambleístas de la oposición, quienes anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la norma sea promulgada.
A su vez, el oficialismo se ha limitado a descalificar a quienes protestan por la ley, excepto a los choferes sindicalizados, quienes sí lograron introducir cambios en los artículos que ponían en riesgo la propiedad de sus vehículos. Se trata del aspecto más polémico de la normativa.
Lo que sí ha quedado en el proyecto aprobado son las demás provisiones sobre la extinción del dominio de bienes, particularmente inmuebles, cuando éstos aparezcan asociados con el tráfico de drogas ilícitas, y es la razón que motiva las protestas que se han conocido hasta ahora. Se trata, pues, de aprobar aquello que estaba contenido en un polémico anteproyecto de ley sobre esa materia, presentado en 2012 y que no llegó a ser considerado por el Órgano Legislativo por la contundente oposición que tuvo que afrontar.
Seguramente eso explica la extraordinaria velocidad con la que el proyecto de ley atravesó las fases de discusión y sanción en ambas cámaras legislativas, luego de que la Comisión respectiva diera su beneplácito al anteproyecto presentado a fines de 2016, incluso a pesar de que los legisladores tuvieron que negociar con los transportistas sindicalizados, quienes lograron modificar cuatro artículos de la norma. Precisamente por el breve tiempo que tomó la discusión parlamentaria, es relativamente poco lo que se sabe sobre la normativa, aparte de datos generales sobre su contenido, como la autorización de pago a informantes, escuchas telefónicas y la ya mencionada extinción de dominio de bienes o el que se haya incorporado un enfoque de salud pública, respeto a los derechos humanos y la proporcionalidad en la tipificación.
Tiene, pues, por delante un arduo trabajo el Gobierno para dar a conocer la norma y sus alcances, pues de lo contrario, por falta de información suficiente y confiable, no será difícil que quienes se oponen a ella logren posicionar la idea de que en realidad es una ley que no cumple su objetivo, que es combatir el narcotráfico.
