Cualquiera que crea que un crecimiento material infinito es posible en un planeta físicamente limitado, o es un loco o es un economista”, la cita de Kenneth Boulding aparecida en un reciente artículo de Rafael Bautista, nos abre el camino para reflexionar sobre una información muy seria que circuló en días pasados: la demanda mundial de gas seguirá subiendo en los próximos 30-40 años y la del petróleo se mantendrá aunque sin crecer demasiado.
Quiere decir esto que las energías “limpias” como la solar, la eólica e incluso la hidroeléctrica (considerada menos “limpia”) no reemplazarán el consumo de combustibles fósiles, gas y petróleo, a lo sumo lo disminuirán porcentualmente en el conjunto. Los únicos que podrían estancarse y hasta reducir su volumen neto de consumo son el carbón y la energía nuclear. Demás está predecir lo que esto significará para el calentamiento global del planeta y los cambios climáticos que ocasiona.
Pero, en el caso nuestro, y dado el modelo vigente, significará también que proseguirá la frenética búsqueda de yacimientos de gas, incluso al interior de áreas protegidas y parques naturales como ya se ha anunciado, todo ello para asegurar la continuidad de las exportaciones y atender la creciente demanda interna. En otras palabras, en los próximos decenios, nos guste o no, seguiremos en gran medida dependiendo de la producción gasífera.
En esa perspectiva, ¿cómo evitar que para las futuras generaciones quede un país saqueado y depredado, sin recursos y sin sus problemas básicos resueltos? ¿Qué alternativas tenemos?
En primer lugar, nos parece que debería mantenerse y consolidarse el control soberano de este recurso natural, impidiendo que retorne el dominio voraz de los pulpos transnacionales. “Socios”, sí, todos los que sean imprescindibles, pero nunca otra vez “patrones”.
En segundo término, se necesita reforzar la normativa ambiental y asegurar su efectivo cumplimiento, entre otras vías, mediante un monitoreo permanente tanto desde el Estado como desde las organizaciones sociales antes, durante y después de los procesos de exploración y explotación. Nos lo dijo un experto al que hemos consultado: hasta no hace mucho tiempo el trabajo se hacía sin ninguna consideración con el medio ambiente, ahora esto es imposible, existen nuevas tecnologías y una frondosa normativa que, bien aplicadas, reducen al mínimo los inevitables daños ambientales. En muchos casos estos daños no derivan de la actividad productiva misma, sino de las secuelas que ésta deja en caminos, campamentos y otras obras de penetración que abren paso a migraciones espontáneas y depredadoras que destruyen la diversidad biológica de los sistemas ecológicos.
Por último, dado que los ingresos por la venta de gas seguirán siendo la principal fuente de ingresos del país urge definir cómo van a ser utilizados. La inversión de la renta hidrocarburífera debe priorizarse en apoyo de transformaciones productivas en otros rubros, particularmente en la atención de necesidades básicas de educación, salud, soberanía alimentaria, infraestructura y en una serie de políticas públicas que tiendan a la equidad social, a la disminución de las desigualdades, al fortalecimiento institucional y eficiencia de los distintos niveles el Estado. En resumen, no más despilfarro irresponsable ni privilegios para unos pocos, esa es la cuestión.
Ninguno de los tres lineamientos aquí enunciados puede desenvolverse sin un debate democrático, abierto y enriquecedor que permita generar consensos básicos. Imponer decisiones tecnocráticas sin someterlas a la crítica ni proporcionar información confiable, es tan perjudicial como el dogmatismo ecologista que pretende dejar intocada la naturaleza.
Ni locos ni economistas, simplemente ciudadanos.
