Desde que se difundió en Bolivia la propuesta del Código del Sistema Penal, uno de sus 666 artículos ha generado un debate público en las redes sociales de internet y medios de comunicación, lo que a su vez ha desatado expresiones de violencia hacia las mujeres. Es el artículo 157, que amplía las causales de aborto no punible, es decir, las razones por las cuales no se penalice la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo.
Una vez más, está en debate el dar o no dar libertad a las mujeres para tomar decisiones reproductivas autónomas o definir “cuánto permiso” se dará, en qué casos y si éstos son “válidos”. El hecho mismo de llevar a debate nuestra autonomía y derechos es una forma de violencia de género. Además, en el propio debate se han vertido diversas opiniones que, una vez más, nos desvalorizan. Algunas expresiones han cuestionado el ejercicio sexual de las mujeres, señalando que antes de recurrir a un aborto “mejor cierren las piernas”; que el aborto no debiera “tapar la irresponsabilidad” (irresponsabilidad de las mujeres, pues en este tema no se cuestiona la responsabilidad de los hombres); se habla también de “pérdida de valores” y hasta de “asesinato” sin referirse al asesinato indirecto que implica que muchas mujeres mueran por abortos inseguros a causa de su penalización y de empujarlas a prácticas inseguras. Hay asimismo una serie de expresiones, mucho más violentas que las que he citado, que estigmatizan, criminalizan y violentan a las mujeres.
Algunos medios de comunicación han invitado a abordar este tema a representantes de la Iglesia Católica. A pesar de ser Bolivia un Estado laico, dan una voz predominante a una religión para abordar un tema de derechos humanos, sabiendo además que la jerarquía católica (integrada por hombres, pues a las mujeres no se nos permite acceder a cargos dentro de la Iglesia) históricamente no ha defendido nuestros derechos y más bien ha buscado formas de control de nuestros cuerpos.
Los jerarcas de las diversas iglesias no solo se oponen a la despenalización del aborto, sino también a la educación sexual integral y al uso de métodos anticonceptivos, que ayudan a prevenir embarazos no deseados, y cuestionan las políticas de igualdad de género. Entonces, ¿qué buscan los medios al relevar la voz de dichas jerarquías en el debate?
Además, es cuestionable el uso de algunas imágenes que han acompañado entrevistas y notas periodísticas, mostrando fetos humanos que no corresponden al periodo de embarazo en discusión y/o técnicas que no corresponden a un procedimiento de aborto, las cuales además de favorecer la desinformación resultan muy violentas para las mujeres.
En un país democrático, la ciudadanía debe poder acceder a información veraz y completa, que respete el marco internacional y nacional de derechos humanos, reconociendo a las mujeres como sujetos (sujetas) de derechos.
Por otro lado, las redes virtuales son una importante vía de expresión, pero de ninguna manera puede tolerarse, bajo el argumento de “libertad de expresión”, la violencia hacia las mujeres, por parte de los hombres ni de otras mujeres.
Es lamentable que históricamente la lucha por los derechos de las mujeres ha tenido que enfrentar diversos debates con argumentos violentos hacia nosotras, como los que hoy se dan en Bolivia. Todo ello son expresiones y estrategias de un sistema machista y patriarcal dominante que busca negarnos derechos, pero la lucha por nuestros derechos y por la igualdad ha continuado y continuará.
