Tras la aprobación, el sábado, del reglamento de preselección de candidatas y candidatos a las principales magistraturas del Órgano Judicial, hoy comienza el periodo de inscripción de candidaturas y arranca un proceso que, contra lo que cabía esperar, será nuevamente polémico, habida cuenta que la oposición se abstuvo de votar por dicho reglamento, descalificándolo.
La oposición pretende demostrar de esta manera, una vez más, que el MAS, con su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), simplemente aplica su “rodillo” a la hora de tomar decisiones sobre las leyes que se discuten; desestima de esta manera cualquier aporte que hubieran hecho sus representantes durante la fase de discusión del reglamento, en la que participaron casi hasta el final.
En el intento de asegurar la selección de los mejores postulantes, el reglamento establece causales de inhabilitación como el parentesco con el Presidente, Vicepresidente y miembros de la ALP hasta en cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad; impide la postulación de aquellos que hubieran militado en un partido político y/o hubiesen sido candidatos o dirigentes políticos en los últimos cinco años; e incluye una metodología para ponerle puntuación a los méritos académicos y profesionales de los aspirantes; aspectos que son de gran importancia para los legisladores de oposición, quienes ya anunciaron un celoso control de su cumplimiento.
Otra innovación es la de contar con el acompañamiento de representantes del sistema universitario del país, quienes además de diseñar los exámenes para los postulantes, ayudarán en la fase de calificación de las hojas de vida. La presidenta de la Cámara de Diputados anunció que en esta ocasión no se admitirán excepciones en el cumplimiento de los criterios exigidos, recordando que por ejemplo en anteriores convocatorias se amplió los plazos de postulación.
Además del rechazo al reglamento que aquí se comenta, la oposición también se ha mostrado contraria a la modificación de la composición de los tribunales judiciales, que incluye el incremento de los magistrados del Tribunal Constitucional y la reducción de miembros en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. En ambos casos, las explicaciones y argumentos para comprender el rechazo fueron pocos e insuficientes.
Comienza, pues, un periodo de conflictividad política que, fuera de los beneficios que pueda aportar el debate público de ideas, poco bien le hará al anhelo de transformar y mejorar la Justicia en el país, en la medida en que se ponga en cuestión la transparencia del proceso y la idoneidad de quienes de él participen. Esto significa, por otra parte, que es mayor la responsabilidad de las y los asambleístas, pues de sus decisiones dependerá la confianza en el sistema de justicia.
