La experiencia ha demostrado que los esfuerzos por introducir formas de producción ganadera compatibles con la conservación de la diversidad son de escaso impacto si no van acompañados de políticas públicas adecuadamente aplicadas. Son los municipios los llamados a proteger su territorio de la destrucción masiva de flora y fauna que ocasiona la ganadería extensiva, ya que las políticas públicas deben proteger y mejorar los bienes públicos, incluido el medio ambiente. Sin embargo, la degradación de los recursos por la acción del ganado se caracteriza por la ausencia de políticas e instituciones que puedan afrontar este fenómeno y los impactos que genera.
Los antiguos planes de desarrollo municipal apenas mencionan el tema, y no es mucho lo que aportan ahora los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para normar y enfrentar la amenaza de la ganadería extensiva, que en nuestro medio es simplemente la práctica de largar vacas a vagar por el campo. Negocio que se basa precisamente en la desatención, minimizando costos en el manejo del ganado y procurando una amplia ocupación de la tierra a través de la deforestación y el sobrepastoreo. Por eso es común que existan bovinos invadiendo carreteras y plazas, o que hasta ahora siga siendo el abigeato un enorme flagelo para la ganadería.
Y es que, como ya remarcó la FAO en más de un informe, además de ser una actividad que abusa de los “subsidios de la naturaleza”, el ganado se usa como un medio para adquirir derechos sobre las tierras y como una forma de generar ingresos económicos en muchas áreas de pastoreo en regímenes de propiedad comunal. Son dos situaciones de propiedad privada y comunal en las que “los usos no productivos del ganado se han vuelto predominantes y en las que la consiguiente degradación de los recursos refleja las imperfecciones del mercado y las deficiencias institucionales” (FAO: La larga sombra del ganado, 2006).
Las políticas ambientales tienen dimensiones locales, nacionales y globales; nuestras deficiencias más graves están en el ámbito local y nacional. La ausencia de una política nacional que cada municipio adecúe en forma autónoma a su realidad da lugar a que los enfoques participativos raramente trasciendan las iniciativas locales. Se quedan en esfuerzos improvisados que no modifican la carencia de infraestructura y de alternativas de producción y que, al no ser parte de un plan integral, acaban simplemente abrumando de regulaciones al sector ganadero. De ahí que los esfuerzos de ganaderos individuales dispersos fracasan al no ser parte de una política local, y por carecer de facilidades de asistencia técnica y recursos económicos. Extensas áreas de pastoreo con carga animal mínima sin manejo han destruido el paisaje y dan lugar a emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero y conflictos con la fauna.
Los municipios empoderados con base en políticas públicas nacionales podrían establecer servicios de extensión, apoyando unidades demostrativas silvopastoriles privadas (ante el fracaso en unidades estatales o comunitarias por ineficiencia y corrupción); fomentar investigación y desarrollo para incorporar en la actividad la prestación de servicios ambientales; promover incentivos financieros para la adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente a través del turismo y el embellecimiento del paisaje; establecer reglamentaciones para exigir el uso de prácticas de mitigación concretas; y sensibilizar sobre la necesidad de cambiar las formas actuales de consumo y producción de carne.
* es ingeniero agrónomo, especializado en Desarrollo Rural; www.deestepa.blogspot. com.
