Las elecciones judiciales están enfrentando varios desafíos desde que en abril se inició el proceso de convocatoria de candidatos a máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental Plurinacional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En primera instancia, la Asamblea Legislativa afrontó críticas a las modificaciones del reglamento para el proceso de preselección de los candidatos por ser insuficientes para garantizar una Justicia independiente. Si bien se plantearon modificaciones de forma en las postulaciones de candidatos, no se avanzó en ampliar el espectro de instituciones que participan —y legitiman— en la preselección de candidaturas, para descontaminar del temido sesgo político en la selección de magistrados.
Un segundo problema que se tuvo que franquear es el poco interés de candidatos para presentarse a la carrera por la elección. Cumplido el primer plazo establecido por el reglamento, el Senado reportó que para elegir a los 96 magistrados que requiere el sistema de justicia tan solo se contaban con 137 postulantes. Tal vez ese era el momento de declarar desierta la convocatoria y reconducir el proceso, aunque se posterguen las elecciones. Pero la convocatoria se amplió y ahora estamos a la espera de un mayor número de postulantes.
A esto se sumó una reflexiva carta del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé que, entre otras cosas, sostenía “(…) tan o más importante que la modalidad de designación es el desempeño eficiente, independiente y equilibrado para juzgar (…) Su legitimidad se comprueba en el desempeño íntegro, susceptible de evaluación permanente y periódica, promoción o censura en el marco de un sistema de recursos humanos razonable y no de coyunturas políticas o personales que definan su permanencia en la judicatura”. Esto nos habla de un ambiente institucional poco favorable para que aquel que llegue al sistema de justicia pueda ejercer de manera proba y asegurar su eficacia e independencia.
La semana pasada dos escollos se agregaron a la elección: la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) decidió alejarse del proceso de preselección de candidatos, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó de que los comicios están en riesgo por el recorte de presupuesto. El rector de la universidad estatal paceña, Waldo Albarracín, declaró: “Se determinó que la UMSA no va a participar de este proceso de selección porque vemos que hay serios indicios de contaminación, lo que no garantiza la transparencia del proceso”. Este es un serio golpe a la legitimidad de una preselección ya previamente criticada. Y sobre llovido, mojado: Katia Uriona, presidenta del TSE, alertó el jueves que la reducción del presupuesto solicitado al Ministerio de Economía, en más Bs 49 millones, pone en riesgo la realización de las elecciones judiciales programada para el 22 de octubre.
Dos dificultades (y tal vez las mayores) que enfrentarán los comicios judiciales previstos para el 22 de octubre tienen que ver con superar la indiferencia con que el electorado castigará unas elecciones que en poco resolverá los problemas de la Justicia, y que se reflejarán en el ausentismo o el voto blanco o nulo. Y después de esto, de seguro será muy difícil la construcción de confianza y legitimidad en unos jueces que serán elegidos con muy escasos votos. Y es que, observando desde fuera el proceso, no hay ningún motivo para que confiemos en que los nuevos magistrados electos puedan llevar adelante la profunda reforma de justicia que tanto anhelamos.
