Según informó el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en Bolivia se registran al día 246 embarazos no planificados de niñas y adolescentes. Y poniendo en riesgo la vida, 98 de estos embarazos terminan en abortos clandestinos. Y las que no abortan, desertan de los estudios y truncan su proyecto de vida. Dos de cada 10 jóvenes bolivianas ya son madres antes de terminar la escuela. Por ello Bolivia es, por amplio margen, el país de toda Latinoamérica donde más embarazos adolescentes se producen; y ocupa el segundo lugar, después de Haití, con mayor mortalidad materna. Es en esta dura realidad sobre la que ahora discutimos las reformas al Código Penal.
Claramente en 45 años de vigencia, el actual Código Penal, que criminaliza el aborto, no ha logrado prevenirlo, desalentarlo o sancionarlo. Y si el Estado hubiera tenido la capacidad de hacerlo cumplir, las cárceles bolivianas tendrían que hacer espacio para 60.000 mujeres que cada año (aún a riesgo de perder la vida o la libertad) interrumpen su embarazo. Y en este grave contexto de salud pública encontramos opiniones como la de Juan José Toro, quien desde su palestra pontifica sobre el libre albedrío de las mujeres. Veamos algunas de sus aseveraciones.
El inicio de su columna es prometedor, cuando afirma una verdad novedosa: “para evitar el aborto hay que evitar el embarazo”. Luego continúa con una serie de afirmaciones sobre lo que debería ser la realidad como “si la educación sería la adecuada”; “los bolivianos deberíamos saber cómo funcionan nuestros cuerpos”; “no solo deberíamos saber copular, sino evitar los embarazos”…. etc. Lo que el autor olvida es que los legisladores deben legislar no sobre una realidad soñada, sino buscando resolver los problemas de nuestra situación concreta.
El autor luego sostiene que “la mujer tiene la libertad de decidir si tiene sexo o no”, ignorando que en Bolivia, según estadísticas oficiales, 15% de las mujeres hemos sufrido violencia sexual; y el 50% de las mujeres casadas o convivientes afirman que sus parejas las fuerzan a tener relaciones sexuales. Así, nuestra libertad para tener sexo o no es revocada en una sociedad machista como la boliviana.
El Sr. Toro además se permite recordarnos que el Código Civil ya establece que “al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle”. Sin embargo, olvida mencionar que el mismo Código dice que para ser tenido por persona se debe nacer, siendo el nacimiento lo que marca el inicio de la personalidad. Desde el derecho internacional no hay un consenso ni reconocimiento como persona a quien está todavía en desarrollo embrionario.
Por último, el Sr. Toro remata diciendo que las personas, al igual que los eucariontes, el moral negro y la vizcacha, al momento de la concepción “se configura biológicamente en un ser humano” y así, “abortar es quitar la vida a una persona y (…) eso puede ser homicidio o asesinato”.
Esta afirmación ignora que luego de la concepción, durante las siguientes dos semanas, las mujeres tienen una tasa de aborto espontáneo entre el 40% y 50% de las fecundaciones. Si tomamos seriamente las afirmaciones del Sr. Toro, todas las mujeres debemos asumirnos como asesinas seriales, culpables de no poder mantener en nuestro cuerpo todos los óvulos fecundados.
Finalmente, encuentro un punto de coincidencia con el Sr. Toro, cuando sostiene que, según la religión, el ser humano ha sido dotado de libre albedrío. Cuando las mujeres demandamos la despenalización del aborto estamos recurriendo a este derecho: el reconocimiento de que podemos actuar según nuestra conciencia sin temor a que el Estado nos penalice quitándonos la libertad.
