El debate sobre la preselección de postulantes para las elecciones judiciales del 22 de octubre ha eclipsado el referéndum de estatutos autonómicos y cartas orgánicas convocado para el 9 de julio. Hoy todos hablan de justicia, mientras las autonomías permanecen relegadas en la agenda de los principales actores políticos, tanto del Gobierno como de la oposición.
La relevancia de los comicios de octubre es innegable, sobre todo porque, en el imaginario, la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional tiene que ver con la crisis en la Justicia. A ello se añade la disputa en la Asamblea Legislativa en torno a las reglas, en especial el reglamento aprobado por el oficialismo. Y está la prematura decisión opositora de abandonar la negociación, deslegitimar el proceso, desahuciarlo y anticipar campaña por el voto nulo.
¿Qué pasa con el rumbo del proceso autonómico? Luego de ocho años desde la aprobación y puesta en vigencia de la Constitución Política, una de las apuestas esenciales del nuevo modelo de Estado, lo autonómico, parece haberse reducido, en la agenda político-institucional, a la sola contienda respecto al postergado pacto fiscal. En tanto las autonomías, en sus diferentes niveles, transcurren entre la dilación y la parálisis. Y el otrora necesario ministerio del área ha sido adelgazado y degradado a viceministerio.
En tal escenario se inscribe el referéndum de julio, en el que 14 entidades territoriales, todas locales, decidirán en las urnas sobre sus cartas orgánicas y, en un caso, la conversión en autonomía indígena. La consulta es importante para la autonomía municipal. Se destaca que por primera vez un municipio de Potosí (Puna) y uno de Tarija (Uriondo) van a referéndum, así como el impulso autonómico guaraní de los procesos de Huacaya y Macharetí, en Chuquisaca; nada menos, pero tampoco nada más.
A propósito del proceso, resulta sintomático el marginal festejo por el “Día de la Autonomía Departamental” en Santa Cruz, recordando el referéndum del 4 de mayo. Aquel día, hace nueve años, se realizó una consulta al margen de la ley, administrada sin reconocimiento de la entonces Corte Nacional Electoral, para aprobar un estatuto autonómico inconstitucional. Hoy el gobernador Costas está siendo procesado por tal evento, y el estatuto cruceño sigue estancado en el control de constitucionalidad.
Este año tenemos entonces dos jornadas de votación. Las elecciones del 22 de octubre nos remiten a la crisis en la administración de justicia, cuya solución requiere mucho más que nuevas autoridades electas. Hay gran ruido sobre estos comicios, hoy en fase de preselección de postulantes. El referéndum del 9 de julio, en tanto, interpela las cualidades autonómica y plurinacional del Estado. Hay demasiado silencio en torno a esta consulta, hoy en socialización de cartas orgánicas. Veamos qué sigue.
