La violencia de género es un problema muy grave que existe en el país, pues 75% de las mujeres casadas o que viven en concubinato declararon haber sufrido algún tipo de violencia ejercida por su pareja. El 62,8% fue víctima de violencia psicológica (insultos, palabras agresivas); el 40,2%, de violencia física (bofetadas, golpes con manos y puños), y el 39,4%, de violencia sexual (relaciones sexuales sin consentimiento), según datos de una encuesta efectuada por el INE en 2016 sobre violencia contra las mujeres mayores de 15 años. Según este sondeo, las causas declaradas que justifican la violencia son: infidelidad (27%), celos (15%), sale mucho del hogar (13%), falta de respeto (14,5%), no cuida bien a sus hijos (11,8%), no obedece (8,5%).
También se conoce que uno de los delitos más reportados a la Policía es la violencia intrafamiliar. Además, todo indica que la violencia sexual contra las mujeres menores de edad (violaciones) se ha intensificado; crimen que en la mayoría de los casos es ejecutado por sujetos del propio entorno familiar.
Entonces, ante esta realidad, cabe preguntarse para qué sirve la Ley 348, de marzo de 2013, que de manera rimbombante se denomina “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Es conocido por todos que a pesar de esta normativa, la escalada de la violencia contra las mujeres se incrementa cada vez más en el país, iniciándose con actitudes que las desvalorizan, amenazan e invaden su privacidad, llegando hasta el feminicidio. A continuación presento algunas teorías explicativas sobre este fenómeno.
Desde el paradigma “estructural” y la perspectiva feminista de género, se considera que el problema de la violencia contra las mujeres debería ser enfocado desde una perspectiva estructural, porque el género organiza lo social, familiar e individual. Por tanto, la norma cultural, caracterizada por el patriarcado, atraviesa todos los niveles: societal, institucional, alcanzando la unidad familiar y concluyendo en la persona (nivel individual). Así, es poco eficiente pensar que se erradicará la violencia solo incidiendo directamente en las mujeres.
También es posible pensar que las relaciones humanas están signadas e impregnadas por la violencia. En ese sentido, cabe pensar que la violencia no tiene género. Los datos, aún muy tenues, que aparecen al respecto revelan que existe una violencia de género orientada no solo en un único sentido, aunque tampoco debe asumirse que ésta es simétrica. Los datos que aquí se señalan ponen en evidencia lo grave que es el problema de la violencia machista. Entonces, el planteamiento de la bidireccionalidad de la violencia no debe invisibilizar la importancia y la prioridad en las políticas públicas de la violencia machista contra las mujeres.
¿Qué hacer para desarticular esta violencia? La alta prevalencia de la violencia contra las mujeres interpela las limitaciones de una ley para frenarla. Si se trata de una cultura de la violencia, para desarticularla se requiere ir hasta las raíces de las desigualdades económicas, sociales y culturales, expresadas entre otras cosas por un modelo inequitativo y patriarcal entre géneros, donde los hombres aún se sitúan en el centro del poder, con capacidad para someter a las mujeres.
Así, se trata de un tema estructural, y si no se enfoca desde ese nivel, el problema probablemente continuará en aumento. Por tanto, se debe interpelar toda norma, así como los usos y costumbres en las que los hombres detentan el poder, la autoridad y el control. Pero también hay que ir más allá de considerar a las mujeres siempre como víctimas, sin agencia, sin capacidad de respuesta y acción.
¿Y qué hacer con los hombres? Pues trabajar en la construcción de nuevas masculinidades, desmontando su poder, pero nunca dejarlos fuera.
