Con la inscripción, el viernes, de 492 postulaciones, concluyó la fase inicial en la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Se trata de un momento clave del proceso, hasta ahora marcado por la disputa política entre el oficialismo y las oposiciones. Lo que sigue es la tarea de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Por mandato constitucional, las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional son elegidas por votación popular. Antes eran designadas directamente, por acuerdo político, en el Congreso Nacional. La actual elección ha sido convocada para el domingo 22 de octubre. Para ello se requiere que la ALP, con arreglo a un reglamento especial, seleccione las 96 candidaturas que competirán en las urnas.
Que haya 492 nombres para esta elección, que ya tuvo su primera experiencia, malograda, en 2011, aún no nos dice mucho. Dado el contexto de este proceso, marcado por la profunda crisis en la administración de justicia, se espera que ese dato cuantitativo resulte en profesionales idóneos, con experiencia y con los méritos requeridos para el cargo. La norma establece además que debe garantizarse paridad entre mujeres y varones, así como la inclusión de postulantes indígena originario campesinos.
Una vez concluida la inscripción de postulaciones, corresponde a la Asamblea, a través de las comisiones de Constitución y Justicia Plural, verificar el cumplimiento de requisitos y resolver impugnaciones. Luego vendrán la calificación de méritos (40 puntos) y el examen escrito (30 puntos); tareas encomendadas en exclusiva al sistema universitario. Después la ALP entrevistará a los postulantes (30 puntos). Quienes obtengan al menos 56 puntos irán al pleno de la Asamblea para la selección final. ¿Cuál es el rumbo de los comicios de octubre? Se trata de un proceso que se mira en el agrietado espejo de 2011. En aquella experiencia inaugural fallaron varias cosas: preselección condicionada por avales corporativos, escasa información sobre la naturaleza de la votación, insuficiente difusión de méritos, inmanejable papeleta de sufragio, prematura politización… Hubo también un alto porcentaje de votos blancos y nulos. ¿Podrá todavía la elección de este año, en todos sus aspectos, ser diferente?
En lo inmediato, corresponde poner bajo escrutinio público todas las tareas previstas en la Asamblea para la selección de candidatos, que culminará el 18 de julio. Luego, será fundamental examinar en sociedad a esos candidatos, sobre los cuales debiera haber amplia información y debate acerca de sus méritos y experiencia. Será entonces la ciudadanía la que con su voto, el 22 de octubre, ejerza su derecho a elegir. La Justicia es demasiado importante como para dejarla librada al cuoteo y la indiferencia.
