El 22 de octubre, las y los bolivianos acudiremos a las urnas para una elección compleja pero fundamental. Elegiremos con nuestro voto, como ya ocurrió en 2011, a magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo haremos previa selección de postulantes por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, realizada en la ciudad de Sucre en junio del año pasado, la primera mesa de trabajo se ocupó de la elección de autoridades jurisdiccionales. La mesa reafirmó el voto popular como modalidad de elección, con dos argumentos: es una conquista social y garantiza la independencia del Órgano Judicial y del TCP. Y estableció un listado de requisitos que deben cumplir las y los candidatos, empezando por la experiencia, idoneidad y meritocracia.
Respecto a la elección directa de magistrados y consejeros, la Cumbre de Justicia estuvo precedida por un debate que cuestionó el mecanismo. Voces del Gobierno y de la oposición coincidieron en que la elección realizada en 2011 fue malograda. No solo por el elevado porcentaje de votos nulos, sino por el resultado: no se logró remontar la profunda crisis de la administración de justicia en el país. Se criticó también la poca capacidad de los electos y, en algunos casos, sus vínculos oficialistas.
Si bien la decisión fue mantener el voto popular, ya que cambiarlo implicaba un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política, la conclusión final de la cumbre puso énfasis en el proceso de preselección de candidatos. Y dio un mandato a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que elabore un nuevo reglamento de preselección. Tarea pendiente que debe ser priorizada en estas semanas.
En cuanto a la elección misma, que tiene la complejidad de elegir al mismo tiempo autoridades de cuatro órganos (cinco votos en una sola papeleta), la Cumbre Nacional de Justicia Plural señaló la necesidad de mejorar la norma “en lo concerniente a la difusión comunicacional sobre los perfiles de candidatas y candidatos antes y durante el proceso eleccionario”. Esto es clave. Recordemos que en las elecciones de 2011 se evidenció la falta de información sobre los méritos de los candidatos.
Encaramos entonces el desafío democrático de prepararnos para una elección que demandará el máximo cuidado: de la Asamblea Legislativa en la selección de candidaturas, del Órgano Electoral en la difusión de méritos, de la ciudadanía en emitir un voto informado. Siendo cierto que la crisis del sistema de justicia no se resolverá, per se, con nuevas autoridades electas, es evidente también que Bolivia necesita, y merece, magistrados y consejeros idóneos, probos y confiables.
