Si hay un evento que ha enrarecido aún más las históricamente tensas relaciones entre Bolivia y Chile, ha sido el arresto, procesamiento y sentencia contra nueve bolivianos (dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional) que cruzaron inadvertidamente la frontera cuando perseguían a un grupo de contrabandistas chilenos. La herida abierta tardará en restañar.
En efecto, el caso, iniciado el 19 de marzo, cuando carabineros de Chile descubrieron en suelo trasandino a un grupo de agentes aduaneros bolivianos, apoyados por dos militares, persiguiendo a presuntos contrabandistas de ese país, se ha convertido en uno de los más problemáticos asuntos de la relación bilateral. La Fiscalía chilena indagó el caso como si hubiese habido complicidad de los nueve bolivianos con la comisión del ilícito; mientras que las autoridades nacionales sostuvieron, a través de innumerables declaraciones a los medios y publicaciones en redes sociales, que éstos cumplían labores de combate al contrabando y que el hecho de haber cruzado la frontera fue fortuito.
Más allá del trabajo del Ministerio Público chileno, el caso adquirió ribetes de conflicto diplomático, pues las Cancillerías de ambos países fueron parte activa en la querella mediática y política. Junto al canciller Huanacuni, los ministros de Defensa y de Justicia de Bolivia emplearon cuanto foro tuvieron disponible para afirmar que el caso fue politizado por el Gobierno del vecino país.
A su vez, el Canciller chileno aprovechó la circunstancia para afirmar numerosas veces que Bolivia “carece de credibilidad”. En medio de todo eso, autoridades bolivianas fueron impedidas de ingresar al vecino país (con el que existen convenios que garantizan la libre circulación de personas entre ambas naciones) y periodistas fueron impedidos de hacer su trabajo.
Finalmente, el miércoles 21, más de 90 días después de iniciado el caso, un juzgado de Pozo Almonte (población cercana a Iquique) condenó a los nueve bolivianos por el delito de contrabando, asignándoles una pena de tres años de reclusión, pero agregando que ésta será conmutada por la expulsión previo pago de una multa equivalente a casi $us 50.000
Aunque la defensa de los bolivianos se mostró descontenta con el final del proceso, acelerado por la decisión de los imputados de someterse a un juicio abreviado, pero sin reconocerse culpables del delito, anunció luego que no apelaría. A su vez, el Ministro de Justicia anunció que el Estado de Bolivia pagará la mencionada multa a través de una norma de emergencia.
Ha quedado, pues, una nueva herida en las relaciones boliviano-chilenas, abierta por el modo en que el Gobierno del vecino país interpretó el contexto del supuesto delito y lo utilizó para afectar la posición boliviana en la querella por el mar que se procesa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). No será fácil revertir este estado de cosas.
