Otra vez, aunque en tiempos políticos normales, el país está inmerso en nuevas elecciones nacionales, ahora para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agrario y el Consejo de la Magistratura.
Salvo que ocurra otra improvisación (estos comicios inicialmente fueron previstos para el 22 de octubre), la votación será el 3 de diciembre, en un año definido constitucionalmente para su veredicto nacional.
Con desacuerdos usuales con la oposición, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en la Asamblea Legislativa un reglamento de selección de candidatos cuyo acápite principal, el de la meritocracia, sufrió un primer traspié nada más después de vincular a la universidad pública en el asunto: muchas universidades expresaron su descontento por la conformación de un comité calificador académico. La situación hizo trastabillar el proceso, y solo un acuerdo entre el oficialismo y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) pudo ayudar a vencer un segundo escollo a los comicios.
Mientras, la oposición batía palmas por que, con el circunstancial desplante universitario, fracasara una de las apuestas más grandes del MAS en su afán de corregir los yerros de las elecciones de 2011 y la poco convincente gestión de los magistrados elegidos por voto popular.
Pero un problema mayor ha puesto en entredicho el proceso electoral. La Asamblea Legislativa declaró desierta la convocatoria para la selección de postulantes al TSJ y al TCP al considerar que para estas instituciones no hay cupos necesarios en varios departamentos, especialmente los relacionados a la paridad de género y cuotas indígenas. La consecuencia es que, por ese imprevisto, las elecciones en general resultaron postergadas hasta diciembre, situación que denota improvisación y deslegitimación de los comicios.
No hay que dudarlo, la oposición al MAS está empeñada en buscar el fracaso de la convocatoria, en su intento de descalificar cualquier acción que emprenda el oficialismo. Siempre actuó así, muchas veces impulsado por un instinto político equivocado o por una objeción así por así. Pero esta vez parece acompañada por los mismos errores del oficialismo
Por su lado, el MAS, sus operadores y sus líderes todavía menosprecian la inteligencia del electorado al embaucarle unas elecciones que no distan mucho de las de 2011, que no lograron un cambio estructural en el sistema de administración de justicia en el país, por más participación ciudadana que haya logrado: aún miles de personas sufren retardación de justicia, el hacinamiento de las cárceles no tiene respuesta, la corrupción involucra irremediablemente a los mismos operadores de justicia y la detención preventiva sigue siendo irracional en muchos casos, por citar algunas taras del sistema judicial del país.
Pero un factor más importante parece gravitar en ese camino tortuoso de ahora el 3D: el desinterés por un puesto de magistrado. Es que el descrédito de las instituciones judiciales, y derivadas de una elección, es tan grande, que pocos se atreven a rifar su trayectoria profesional, y quienes se animan a someterse al escrutinio popular, salvando excepciones por su vocación de servicio, o son desempleados u otrora funcionarios públicos, la mayoría afines al oficialismo. Ojalá se enmiende este proceso electoral en cuestión, aunque parece inminente la apatía con él.
