La relación equilibrada con los empresarios privados ha sido uno de los mayores aciertos políticos del Presidente. Y no cabe duda de que este pragmatismo ha contribuido a apuntalar el buen desempeño económico registrado en los últimos años en el país. Pero esta es una relación frágil que se debe cuidar y fortalecer, despejando susceptibilidades, para proyectarla a nuevas metas.
Ante las inquietudes formuladas por el sector privado respecto al proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales, el Ejecutivo decidió suspender el tratamiento de esta norma y proceder a consultas. Esta determinación revela la importancia que el Gobierno le da al empresariado nacional, y en particular el Presidente, quien ha negado enfáticamente que se desee vulnerar la propiedad privada y ha ratificado su interés de fortalecer conjuntamente las capacidades productivas y el empleo.
En estos años, el oficialismo ha establecido canales de conversación con el empresariado y ha acordado medidas que le han favorecido. Por ejemplo, ha sido notable el trabajo con los agroindustriales cruceños. Por otra parte, la estabilidad de la economía ha favorecido al sector privado en su conjunto. Pese a estos avances, hay divergencias entre ambos sectores. El MAS prioriza la redistribución, la satisfacción de las demandas de los trabajadores y el reforzamiento del papel del Estado en la economía; aspectos que a veces no coinciden con las prioridades de los empleadores.
Sin embargo, estos lineamientos no son necesariamente incompatibles con un clima favorable para los inversionistas o para la mejora de la competitividad. La creación de riqueza a través de un dinámico sector privado, entre otros medios, es una condición básica para viabilizar políticas redistributivas. Esta visión equilibrada parece ser mayoritaria en el Gobierno.
No obstante, hay problemas que se deben encarar. Hasta hace no muchos años la estabilidad, el aumento de la demanda, las inversiones públicas y las facilidades de crédito fueron suficientes para alentar la actividad privada. Pero desde 2015 los márgenes de los agentes económicos se han reducido y se resiente mucho más los costos de la presión fiscal, la burocratización y una regulación laboral rígida, a veces desequilibrada con el empleador. Es un malestar microeconómico que a veces las autoridades no parecen comprender, y que se exacerba cuando se toman decisiones que agravan la incertidumbre regulatoria.
Las imprecisiones de la Ley de Empresas Sociales, que necesitan resolverse, no son el fondo del problema, sino la acumulación de señales ambiguas en el entorno normativo e institucional que rige la actividad privada. Estos desarreglos generan costos estructurales que dificultan la creación de empleos en un momento en que el Gobierno intenta alentarlos. Por tanto, urge que ambos sectores renueven el diálogo, tratando estos obstáculos con realismo y honestidad.
