Con pocos días de diferencia, la semana pasada salieron a la luz dos casos de funcionarios públicos de instituciones dedicadas a la protección de niños, mujeres y adolescentes, llamados a defender los derechos de personas vulnerables, pero que en lugar de cumplir con su labor, aprovecharon su cargo para presuntamente perpetrar delitos que se supone debían combatir.
Por un lado, nos referimos a la detención de un guardia municipal de La Paz que fue sorprendido en flagrancia realizando toques impúdicos a una adolescente de 17 años en instalaciones de una plataforma de Atención Integral a la Familia. Según informó la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía, el hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo, cuando la adolescente llegó a ese lugar de acogida junto a otra niña de 11 años por un caso de trata y tráfico de personas. Afortunadamente una servidora pública habría sorprendido al guardia municipal cuando agredía sexualmente a la muchacha, evitando un daño mayor. Además, su reporte permitió la detención del presunto agresor.
El otro caso es incluso más reprochable, por la magnitud del delito y el cargo de quien supuestamente lo cometió. Se trata del otrora director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Warnes, Hernán Zegarra Vargas, quien fue detenido el martes pasado acusado de violar a una adolescente de 14 años. Según denunció la madre de la muchacha presuntamente ultrajada, a principios de marzo se dirigió a esa dependencia municipal en busca de ayuda psicológica para su hija, cuyo comportamiento rebelde estaba causando problemas en su hogar. Ante este pedido, contra toda lógica y contraviniendo las normas de la institución a su cargo, el entonces director de la Defensoría de la Niñez, psicólogo de profesión, propuso contratar a la menor como niñera de su hijo de ocho años, a cambio de sesiones de terapia psicológica y de inscribirla en un instituto para que retome sus estudios.
Sin embargo, siempre según la misma fuente, la autoridad habría aprovechado esta situación de vulnerabilidad para ultrajar a la menor en su domicilio, ubicado en Montero, quien además habría sido agredida con una tijera durante el abuso. Para colmo de males, la detención de Zegarra se materializó solamente después de que el caso se hiciese público por intermedio de los medios, transcurridos más de dos meses de ocurrido el hecho, el 5 de marzo; esto porque el exdirector habría logrado suspender la apertura del caso gracias a su influencia en esferas judiciales, según denunció la abogada de la parte acusadora.
Ambos casos ponen en relieve la ausencia de protocolos a la hora de contratar funcionarios en instituciones concebidas para defender los derechos de los sectores más vulnerables, y evitar así que personas sin ética y moralmente cuestionables estén al frente de tan grande responsabilidad.
