El miércoles pasado, el juez federal Sergio Moro dictó una sentencia condenatoria contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (“el político más popular del planeta”, para su Partido de los Trabajadores) de nueve años y medio de prisión, por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. En concreto, el exmandatario fue sentenciado por aceptar $us 1,1 millones en sobornos de OAS, empresa implicada en el escándalo de Petrobras, utilizados en la remodelación de un apartamento de tres pisos de lujo ubicado en la localidad costera de Guarujá (Sao Paulo), registrado como propiedad de la constructora y del que Lula niega ser propietario, pero aparece en fotos recibiendo las llaves que le entrega su amigo y delator Leo Pinheiro, expresidente de la firma. Pinheiro, condenado por la trama de corrupción Lava Jato, en delación premiada testificó que el exmandatario le pidió en 2009 destruir las pruebas del pago de coimas de OAS para las campañas electorales del PT, lo que podría arrastrar también a la depuesta presidenta Dilma Rousseff.
Inmediatamente después de dictada esta condena, sectores de izquierda en Brasil y la región empezaron a defender la presunta “inocencia” de Lula, y a atacar lo que sus abogados denominan “una investigación políticamente motivada”. Pero esta defensa tiene varias complicadas paradojas. La primera es que si el juez Moro fuera manipulable, el proceso Lava Jato (que remece las estructuras de poder en Brasil) tendría la sospecha de ser falso, ya que él es su abanderado y ejecutor. La segunda es que quien lo acusa es un amigo personal, Pinheiro, no políticos de la derecha. La tercera, que la presunta persecución sería extensible a todo el espectro político y empresarial brasileño.
Sin embargo, éste no es el único proceso que Lula enfrenta. Tiene otro interpuesto contra el instituto que lleva su nombre dentro del proceso Lava Jato, acusado de recibir de la empresa Odebrecht un terreno valuado en $us 3,7 millones para sus instalaciones y un departamento junto al del expresidente que utilizó su familia sin pagar alquiler. Un tercer proceso es por obstrucción de la Justicia, denunciado por un exsenador del PT, quien asegura que Lula le instruyó comprar el silencio de uno de los delatores del caso Petrobras. El cuarto es por tráfico de influencia, asociación ilícita, lavado de dinero y corrupción pasiva, en el que se le acusa de usar su influencia para asegurar préstamos y contratos de obra en favor de Odebrecht en Angola.
Y en particular por haber recibido $us 9,4 millones a través del pago de conferencias de Lula y contratos sin prestación de servicios con una empresa de su familia. El quinto forma parte de la Operación Zelotes (red de empresas que sobornaban a Hacienda para no pagar impuestos y que amenaza sobrepasar a Lava Jato), abierto por tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita con su hijo Luís Cláudio da Silva, quien ofrecía el lobby de su padre ante el gobierno de Rousseff para conseguir incentivos fiscales. La consultora de Luís Cláudio cobró $us 800.000 por este servicio.
Si la “carrera” de Luís Cláudio fue vertiginosa (de auxiliar de preparador físico de fútbol en 2006 se convirtió en empresario deportivo en 2011), la de su hermano Fábio Luís también lo fue: de cuidador del zoológico de Sao Paulo pasó a vivir en un departamento de $us 1,5 millones (que no pagaba) y a recibir más de medio millón proveniente de Lava Jato.
Hasta ahora Lula se libraba de culpas (recordemos el mensalão) y aún pretende postular a la presidencia en 2018, pero si pierde la apelación de la condena impuesta por Moro, estará inhabilitado por 19 años. “Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel”, dijo en días pasados.
