Para la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HÁBITAT I), en Vancouver (1976), el 39,7% de la población mundial vivía en áreas urbanas. En HÁBITAT II (1996), más del 45% de la población vivía en las ciudades, por lo que se priorizaron las tareas en sentido de promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Aquella vez se resaltó la particularidad de las ciudades como motores del crecimiento mundial y de la importancia de las autoridades locales para dicho crecimiento.
Ya en HÁBITAT III, las Naciones Unidas lanzaron una Nueva Agenda Urbana como instrumento para enfrentar los desafíos planteados por los asentamientos urbanos en el planeta y consolidar el derecho a la ciudad a nivel mundial. En este evento, Bolivia presentó un informe país titulado “Construyendo Comunidades Urbanas para Vivir Bien en el Siglo XXI”,como instrumento que acepta formalmente nuestra realidad urbana y plantea de manera ordenada una serie de retos hacia el futuro.
El mes pasado, en Buenos Aires (Argentina), se desarrolló la XXVI Asamblea General de ministros y máximas autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (Minurvi), la primera de esta magnitud luego de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (HÁBITAT III). En esta reunión sorprendió mucho la presencia de la representación boliviana, no solamente porque había pasado mucho tiempo desde la última vez de su aparición, sino también por la posición del país respecto del desarrollo urbano. Resultaba alentador para las distintas representaciones internacionales y para los distintos países que se dieron cita en este evento que, luego de mucho tiempo, Bolivia haya reconocido su realidad urbana como una potencialidad del desarrollo y, con ello, la necesidad de ajustar algunas de sus políticas nacionales hacia este ámbito territorial, sin olvidar la responsabilidad de potenciar el área rural, como se ha estado haciendo hasta el momento.
No es de esperarse otra cosa, puesto que los datos son bastante contundentes: 67,5% de la población nacional reside ahora en áreas urbanas y se espera que para el 2020 más del 71% viva en las ciudades. Cinco de los nueve departamentos registran una tasa de crecimiento igual o por encima del promedio nacional (de 1,7% anual).
Si hablamos de la expansión urbana alrededor de las grandes ciudades resulta que el crecimiento de los municipios centrales de nuestras metrópolis no se compara con el de sus cinturones suburbanos. Por ejemplo, el municipio de Santa Cruz crece en torno al 4% anual, mientras que su cinturón suburbano, entorno al 8%. También es posible trasponer estos datos al crecimiento de las manchas urbanas. En el caso del municipio de La Paz, la mancha urbana creció en un 55% entre el 2001 y el 2011, mientras que la de Cochabamba se amplió en un 69% durante la última década, por citar solamente otros dos ejemplos. A lo anterior es posible sumar un buen número de indicadores económicos y sociales que nos permiten acercarnos a esta realidad que intentamos visibilizar.
Esta serie de evidencias empíricas nos enfrentan a la urgencia de organizar de manera más armónica y estructural la intervención urbana, no solamente del sector público (como primer responsable), sino también de los demás actores que influyen de manera directa o indirecta en el crecimiento urbano. Esta urgencia debería leerse como una maravillosa oportunidad que permita conformar una plataforma de definición de proyectos de desarrollo particulares para cada ciudad, conectados al gran proyecto de desarrollo nacional; además de identificar de manera clara y contundente el relacionamiento entre ciudades, y de cada una de ellas con el campo.
Estamos hablando de enfrentar de manera organizada aquello que ya existe: el relacionamiento natural que se ha producido en nuestro país entre lo urbano y lo rural. Se trata, en resumidas cuentas, de plantear una planificación en función de sistemas de ciudades que evidencien la interrelación y el potencial que se debe apuntalar para mejorar la calidad de vida en el país.
Esta propuesta de sistema de ciudades debería trabajarse de manera estructural en torno a cinco ejes: el acceso y la seguridad del suelo (pasando por un proceso de planificación del territorio); el acceso a servicios (que incluyan tanto servicios básicos como servicios públicos); la productividad y la economía plural (con especial énfasis en la matriz de generación de empleo a partir de la aplicación científica y tecnológica); el medio ambiente y la resiliencia (como un factor actual y no futuro de adaptación al cambio climático); y la gobernanza y la participación (como un espacio de construcción conjunta de futuro y de gestión del desarrollo).
