Según el Diccionario de la Lengua Española, profesional es quien “practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive”, por ello, aunque parezca un oxímoron, es posible sostener que hay en la universidad pública numerosos casos de estudiantes profesionales que viven de su condición ora como dirigentes, ora medrando de los recursos públicos.
Tómese por ejemplo la Universidad Mayor de San Andrés, la segunda universidad pública más antigua del país, que tiene al menos dos personas que se matricularon como estudiantes hace más de medio siglo, así como a otros 1.814 estudiantes que iniciaron sus estudios superiores hace más de 25 años. Según datos de la División de Sistemas de Información y Estadística (DSIE) de la UMSA, 14.598 personas llevan 11 o más años como estudiantes regulares de esa casa de estudios superiores.
Es obvio que hay numerosas personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, pues deben repartir su tiempo entre ambas actividades, lo cual inevitablemente disminuye su rendimiento académico y les obliga a terminar la carrera universitaria en más tiempo del previsto en los planes de estudio de las diferentes carreras, pero también hay quienes han encontrado en la universidad una forma de vida y no precisamente como docentes o administrativos.
Al respecto, el Rector de la UMSA valora a quienes distribuyen su tiempo entre estudios y trabajo, pero también está consciente de que “hay gente que ve a la universidad como un negocio”, y cita a quienes aprovechan los servicios del comedor universitario, de guardería, el transporte exclusivo y el pasaje reducido en micros, teleférico y PumaKatari, entre otras prestaciones exclusivas para las y los estudiantes.
El secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local coincide con el Rector, y revela que conoce casos de quienes al terminar una carrera se inscriben en otra solo para conservar sus privilegios. Ejemplificador de este modo de vida es el hecho, según el ejecutivo de los estudiantes, que la mitad del presupuesto del Programa Médico de Salud sea destinado a operaciones de próstata.
Es precisamente por la existencia de personas que deben repartir su tiempo entre los estudios y otras obligaciones que la universidad boliviana no establece ningún tipo de restricción al tiempo que una persona puede permanecer como estudiante regular. La FUL, a su vez, tiene una propuesta al respecto: crear un control académico para estos casos, estableciendo sanciones para los abandonos de materias o las reprobaciones.
Considerando el enorme costo que representa para el Estado cada profesional formado en la universidad pública, es más que necesario desarrollar mecanismos de control y seguimiento que eviten los extremos que aquí se comentan. No se trata de impedir a las personas el estudio, pero sí de evitar que haya quienes medren de los recursos públicos sin tener merecimiento alguno.
