El año pasado, el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) estableció un cronograma de cinco etapas que debía culminar este agosto, con un acuerdo final entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales respecto a la distribución de los recursos financieros generados en el país para la consolidación de las autonomías y el manejo de la cosa pública.
Sin embargo, aún no se ha logrado configurar este acuerdo, mejor conocido como pacto fiscal, y para el miércoles está prevista una reunión entre los representantes del CNA (23 autoridades del Ejecutivo, entre ellos los ministros de Autonomías, Planificación, de la Presidencia y de Economía; los nueve gobernadores y representantes de las municipalidades, territorios indígenas y entes regionales), en la que se deberá delinear un nuevo cronograma.
Habida cuenta de lo complicado que puede resultar definir la distribución de los recursos públicos provenientes de los impuestos y de las regalías por las exportaciones, principalmente de hidrocarburos y minerales, en pos de una mayor eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de la cosa pública, con el propósito último de poder cumplir de la mejor manera posible con las competencias y responsabilidades del Estado, no sorprende este retraso. Y es que se trata de un acuerdo por demás complejo, que de no ser ejecutado con responsabilidad podría plantear serios problemas de asignación y de estabilidad.
En efecto, por un lado se debe lidiar con la interpretación de un régimen autonómico ambiguo y complejo que no termina de consolidarse. Complejo por la diversidad de formas de autonomía reconocidas en la Constitución Política del Estado y por la cantidad (cinco) de formas de gobierno; y ambiguo por la existencia de decenas de competencias que necesitan de una mayor precisión, pues algunas de ellas se superponen entre los diferentes niveles gubernamentales.
El costo de la institucionalidad del nuevo Estado constituye otro de los escollos por resolver, ya que se trata de un régimen muy costoso que podría poner en figurillas a las arcas estatales. Antes los gastos se limitaban a tres poderes ejecutivos (nacional, departamental y municipal), un Órgano Legislativo y otro Electoral; pero ahora se busca consolidar un Estado con varios gobiernos ejecutivos y cuerpos legislativos subnacionales.
A todo ello huelga resaltar que para evitar que la ampliación de los gastos corrientes y administrativos genere presiones inflacionarias, afectando la estabilidad macroeconómica, se debe garantizar una coordinada y efectiva distribución de responsabilidades e ingresos entre los diferentes niveles de gobierno. Una tarea en verdad compleja, pero que no por ello debe dejar de realizarse, pues constituye la columna vertebral del manejo de la cosa pública.
