Días atrás, un diputado oficialista denunció que la Administración Autónoma para Obras Sanitarias de Potosí (Aapos) desvía a los ingenios mineros parte del escaso caudal de agua que colecta. Meses de racionamiento de agua para el consumo humano en la ciudad y un reciente incremento en las tarifas demuestran que las prioridades están confundidas.
En efecto, en la inspección del asambleísta, en la que se constató que de un caudal de 190 litros por segundo (l/s) de agua solo 140 llegan a la ciudad, infiriéndose que los otros 50 l/s son destinados a la industria minera; la Aapos reconoció entonces que comercializa entre 15 y 20 litros por segundo de agua a los ingenios a un precio superior, y no la cantidad estimada por el legislador.
Antes de la citada inspección, un investigador del tema en la Universidad Tomás Frías descubrió que años atrás la empresa local de agua y saneamiento había facturado solo a 23 de 63 ingenios a los que distribuía el agua, revelando malos manejos en la empresa, que desde fines de 2015 registra una captación significativamente menor a los 300 l/s que la ciudad capital potosina requiere.
Enterada de la situación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua y Saneamiento (AAPS) hizo su propia indagación cuyos resultados fueron difundidos por su director ejecutivo, quien reconoció que hay “una extracción un tanto mayor a la que está autorizada la empresa”. Pues entre el 2,5% y el 8% del suministro que capta la compañía de agua no llega a la ciudad, donde desde 2016 hay racionamiento en la parte alta, en la que están siete de los 13 distritos urbanos.
La situación, anunció la autoridad, merecerá una sanción, que será agravada por “deficiente ampliación de la normativa para el acondicionamiento de las tarifas”, que en mayo pasado fueron “recategorizadas” para todos los tipos de usuario del servicio, representando incrementos de hasta dos y tres veces en las facturas de los usuarios domésticos, justo cuando el racionamiento estaba en su peor momento. La medida quedó sin efecto a fines de junio por intervención de la AAPS.
Resta saber si la imposición de multas a la empresa, que por lo visto no atraviesa su mejor momento económico, redundará en mejor provisión del servicio en la ciudad, habida cuenta, además, que la minería, al ser la principal actividad económica del departamento, tampoco puede paralizar actividades por falta de agua.
Hay, pues, un problema mayúsculo en Potosí y por lo pronto no se ven señales de que la población esté siendo considerada como prioritaria en la búsqueda de soluciones. Toca a las autoridades, comenzando por el gobierno municipal potosino y terminando en la AAPS, reordenar las prioridades y pensar primero en las personas. Que la industria minera siga usando un recurso que debe llegar primero a la población debería ser motivo para la misma indignación que otros temas de la coyuntura provocan estos días.
