Durante una entrevista concedida a La Razón el 1 de junio de 2016, el excanciller David Choquehuanca hizo un primer anuncio respecto a la decisión del Gobierno de desclasificar los archivos diplomáticos (cables, instrucciones, notas y peticiones) vinculados con las dictaduras militares, y particularmente aquellos realizados en coordinación con los regímenes de los países vecinos. La decisión fue lanzada oficialmente el 21 de noviembre de 2016 y de este modo la Cancillería se constituyó, formalmente, en la primera entidad del Estado en decidir liberar los documentos que se generaron entre 1964 y 1982.
Esta información puede contribuir a recuperar la memoria sobre varios hechos que estaban olvidados, a reconstruir la historia del país y, sobre todo, puede dar pistas respecto a las desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el periodo de dictaduras del siglo pasado.
En ese marco, el Gobierno ha procedido a conformar una Comisión de la Verdad, merced de la Ley 879, que estipula establecer un cuerpo colegiado de cinco personas y la instrucción a todas las instituciones del país, incluidas las Fuerzas Armadas, para liberar todos sus archivos. Este último aspecto es un asunto todavía pendiente.
La reconstrucción de estos oscuros pasajes de la historia boliviana también requerirá de una adecuada reflexión y, en ese camino, la reparación de los daños y una reconciliación definitiva. Este escenario es propicio para ver de frente al siglo XXI.
