Mañana, coincidiendo con el día en que se recuerda el golpe de Estado encabezado por Hugo Banzer hace 46 años, serán posesionados en el Palacio de Gobierno los miembros de la Comisión de la Verdad, entidad creada por la Ley 879 para investigar los crímenes cometidos en las dictaduras que asolaron al país de 1964 a 1982. Difícil tarea asumen estas cinco personas notables.
Creada con el mandato de “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”, la Comisión podrá, finalmente, acceder a los archivos clasificados de las FFAA, de la Policía y de cualquier otro “cuyo acceso se encuentre restringido”.
El trabajo que le espera a los miembros de la Comisión es bastante arduo. No se trata solo de las dificultades inherentes a la indagación de la parte más dolorosa de la memoria, la que nos recuerda cuánto sufrimiento tuvo que vivir un pueblo entero cuando las garantías, los derechos y las libertades fueron secuestrados por unos pocos militares que no representaban más que sus intereses rapaces, y cuántas vidas costó recuperar la democracia.
Se trata también de construir de la nada y en un plazo de dos meses la institucionalidad necesaria para afrontar la difícil tarea de indagar cientos, si no miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos en un plazo de dos años prorrogables por seis meses, previa aprobación de la Asamblea Legislativa. Para el efecto se prevé constituir una secretaría técnica con atribución de contratar especialistas en diversas materias. El plazo, sin duda, se ve escaso.
Asimismo, será necesario que la comisión y la secretaría a su cargo logren construir un espacio de independencia de cualquiera de los poderes, puesto que la única manera de hallar la verdad será alejándose de toda influencia que pueda contaminar un trabajo cuyo fin último está al servicio de la historia, para que se acabe la impunidad, pero sobre todo para que quienes hoy todavía sufren por la ausencia de los suyos sepan a ciencia cierta qué pasó.
La labor de las y los comisionados es en verdad compleja, ya que implica revelar secretos inconfesables, remover viejas heridas y, sobre todo, desmontar una estructura de olvido y encubrimiento construida a lo largo de varias décadas. No basta con una ley, por muy bien formulada que esté, para ganar la voluntad de quienes tienen algo qué ocultar de lo sucedido en aquellos trágicos años.
La Comisión de la Verdad merece, pues, el apoyo comprometido de todas aquellas personas que prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno, pero principalmente, que no están dispuestas a olvidar los crímenes cometidos en tiempos de dictadura ni quieren que se repitan.
