Como si se tratase del argumento de una película, días atrás se hizo público un millonario desfalco al Banco Unión. Un funcionario de la institución financiera estatal, aprovechando la falta de “control exhaustivo”, fue desviando recursos de las operaciones de cajeros automáticos, hurtando a lo largo de un año, según sus propias estimaciones, Bs 20 millones, por lo que el monto podría ser incluso mayor.
Hasta donde se sabe, el acusado del crimen, quien contó con la complicidad de otras tres personas, trabajaba como jefe de operaciones de la sucursal del banco en Batallas, y desde allí controlaba el software de los cajeros automáticos, lo cual le permitía intervenir en las operaciones de retiros y depósitos y afectar la cuenta que la institución usa para cargar dinero en las máquinas.
La noticia la dio a conocer el propio banco, a fines de septiembre, cuando el acusado fue detenido junto a sus cómplices, dos de los cuales fungieron como “palos blancos” al poner a su nombre bienes muebles e inmuebles, y un tercero como “socio” al comprar automóviles de lujo para poner en funcionamiento un negocio de alquiler de coches.
Aún no se ha explicado cómo fue posible que una sola persona logró mover este millonario monto sin que alguna instancia se percate de la inusual situación. El banco afectado se ha rehusado a brindar declaraciones supuestamente para no afectar las investigaciones, y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) solo reportó, días después de conocerse el hecho, que se había hurtado Bs 490.000 y no el total del monto que ahora se menciona.
Según una fuente del Ministerio Público, el dinero sustraído podría ser mucho más de lo denunciado, se habla de hasta Bs 37 millones. Por lo pronto, tres de los acusados guardan prisión preventiva y el propietario de la empresa de alquiler de coches obtuvo detención domiciliaria, además de que su oficina fue precintada.
Previsiblemente la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) recomendó a las entidades financieras reforzar el control en los sistemas informáticos para evitar que ocurran hechos similares. El Secretario Ejecutivo de Asoban señaló que “es obligación de las entidades financieras optar por las medidas internas que coadyuven a los controles internos más eficientes”.
El caso es preocupante no solo porque muestra que, cuando se tiene los recursos adecuados, es posible robar en la institución financiera estatal que suscita este comentario, poniendo en peligro la estabilidad de éste y a toda su cartera de clientes, sino sobre todo porque el Banco Unión es de propiedad pública y administra las cuentas del Estado, lo cual significa que si hubo falta de “control exhaustivo” en esta área del negocio, podría estar sucediendo algo similar en otras. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Economía y el propio banco deben hacer cuanto haga falta para sancionar el delito y, sobre todo, evitar que se repita.
