El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a la realización de una Asamblea Constituyente cuyos miembros fueron elegidos por votación popular. Pensando que la intención de Maduro era la de sustituir la Asamblea Legislativa y aprobar una posible re-elección presidencial, la oposición decidió no presentar candidatos ni participar activamente en la votación. El resultado de esa estrategia fue que todos los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos entre los chavistas, los que pueden aprobar todo lo que les venga en gana. La oposición y algunos gobiernos de otros países se empeñan en “desconocer” la Asamblea Constituyente, ¿con base en qué argumento jurídico? Se hizo elecciones, la oposición no quiso participar, nadie podía obligarla a hacerlo. ¿Algún país puede desconocer una Asamblea Constituyente de otro país elegida por voto popular?
La oposición venezolana, o parte de ella, está por realizar otro error: abstenerse de participar en las próximas elecciones para gobernadores. Su abstención significará nuevamente entregar todo el poder al gobierno que combaten. Las elecciones constituyen una pieza fundamental del funcionamiento de la democracia. Si la oposición venezolana piensa, como generalmente lo proclama, que reúne a la mayor parte de la población, no debería tener miedo de participar en ellas.
En Bolivia ha sorprendido el pronunciamiento de varios dirigentes políticos oponiéndose al proceso de designación de magistrados. En la mayor parte de los países del mundo, los magistrados de las cortes son escogidos entre los jueces más antiguos y/o con mayores méritos profesionales, pero son escogidos por alguien, generalmente por las asambleas legislativas o los gobiernos.
Actualmente estamos frente a una pantomima: se ha realizado una pre-selección de candidatos a la magistratura donde el MAS ha ejercido presión para seleccionar a los que más le conviene. Esto ha sido reconocido incluso por algunos importantes políticos de ese partido. La segunda etapa consiste en que la población se pronunciará vía referéndum por uno u otro candidato de una lista en la cual todos son del agrado del Gobierno. La oposición dice que rechaza ese proceso y llama a la población a votar nulo. Como el voto nulo no cuenta, la lista del MAS será aprobada con el 100% de los votos válidos. En ese contexto, es imposible decir que el proceso es viciado ni en su primera etapa ni en la segunda. Con relación a la primera, donde la lista de preseleccionados fue determinada por el MAS, se puede argüir que en todos los países el Poder Legislativo o los gobiernos influyen para la elección de magistrados con base en sus méritos y simpatías políticas. En Bolivia no tenemos aún una carrera judicial propiamente dicha de donde se pueda escoger a los candidatos a magistrados, luego solo queda como factor de selección las simpatías políticas. Pero, ¿por qué hacer un proceso tan largo si de todas maneras será el MAS el que seleccione a los magistrados? Con relación a la segunda etapa, cabe decir que resulta poco democrática la posición de rechazar una consulta popular.
¿Qué hacer entonces? Mi respuesta es apoyar la propuesta de Generación 21 de incluir en la boleta de voto la opción “Ninguno”, también es una buena idea la sugerencia de pedir que el voto nulo cuente en el resultado final de la votación. Por otra parte, es importante alimentar un debate nacional para corregir todo aquello que pensamos que anda mal y hacer propuestas. Entre lo que anda mal, está la pereza de la oposición partidaria para generar nuevas ideas.
