Importa que Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, intentase justificar con economía basura la crueldad de Donald Trump hacia los inmigrantes? Definitivamente, ése no es el tema principal. La decisión tomada por Trump de rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es, ante todo, inmoral. Los 800.000 beneficiarios de la DACA —los llamados dreamers (soñadores)— no han hecho nada malo; llegaron a EEUU ilegalmente, pero no por voluntad propia, porque en aquel momento eran niños. Son, según todos los datos disponibles, un segmento ejemplar de nuestra población: jóvenes trabajadores, muchos de los cuales intentan medrar mediante la educación superior. Están comprometidos con los valores de su país; porque Estados Unidos es su país.
Destruir los planes de los dreamers (utilizar incluso la información que ellos aportaron voluntariamente para acosarlos y deportarlos) es una cruel traición, y está evidentemente guiada por la hostilidad racial. ¿Cree alguien que esto estaría ocurriendo si el dreamer típico hubiese nacido, pongamos, en Noruega en lugar de México? Aun así, Sessions decidió situar la economía en pleno centro de su declaración, afirmando que la DACA, que permite a los dreamers trabajar legalmente, ha “negado puestos de trabajo a centenares de miles de estadounidenses, al permitir que esos mismos puestos los ocupen extranjeros ilegales”. Eso es falso sin más, y la decisión de poner por delante esa falsedad no solo dice mucho de la decisión, sino también del gobierno de Trump en general.
Es cierto que Trump y compañía dicen muchas mentiras sobre la economía (y sobre todo lo demás). Al día siguiente de anunciar que rescindiría la DACA, Trump pronunció un discurso sobre la reforma tributaria en el que afirmó, como ha hecho en múltiples ocasiones, que Estados Unidos es “el país con los impuestos más altos del mundo”. Como los verificadores de hechos han señalado cada vez que lo dice, esto no solo es falso, sino que es casi lo opuesto a la verdad: Estados Unidos recauda menos impuestos, en porcentaje de renta nacional, que casi cualquier otro país de economía avanzada. Pero Trump sigue repitiendo la mentira. De modo que hacer que los funcionarios hagan afirmaciones falsas sobre la economía de la DACA es, en cierto modo, el procedimiento habitual de este Gobierno. Pero yo diría que en este contexto es especialmente digno de mención, y especialmente vil.
Para empezar, ¿qué pinta el tema de los trabajos en una declaración del Fiscal General? La línea oficial del Gobierno es que Trump no tenía opción, que tomó una medida lamentablemente dura porque la DACA era un ejercicio ilegal de poder ejecutivo, lo cual fue también supuestamente la razón por la que la declaración la hizo Sessions y no el propio Presidente. De hecho, la base jurídica de la DACA está perfectamente fundada, y poner a Sessions al frente probablemente se debiera más que nada a la cobardía de Trump. Pero, en todo caso, añadir “y además, nos están robando los puestos de trabajo” debilita todo el pretexto. Es más, la afirmación era, como he dicho, economía basura. La idea de que hay un número fijo de puestos de trabajo, de modo que si un trabajador o una trabajadora nacidos en el extranjero ocupan un puesto de trabajo se lo están quitando a un trabajador o a una trabajadora nativos, se da de bruces con todo lo que sabemos acerca de cómo funciona la economía. Oírselo decir a un conservador es especialmente surrealista.
La verdad es que permitir a los dreamers trabajar legalmente es bueno para la economía de Estados Unidos; expulsarlos o enviarlos a las sombras es malo para todos, excepto para los racistas. Para entender por qué, necesitamos comprender que Estados Unidos, como todos los países de economía avanzada, afronta un doble reto demográfico debido al descenso de la fecundidad.
Por un lado, el envejecimiento de la población significa que hay menos trabajadores pagando impuestos para sostener las pensiones y la atención sanitaria a mayores. La demografía es la principal razón por la que los pronósticos de los expertos señalan problemas para las pensiones de la Seguridad Social y una razón importante para preocuparse por la atención sanitaria a mayores. Expulsar a trabajadores jóvenes que seguirían pagando al sistema durante muchas décadas es una forma de empeorar estos problemas. Por otro lado, el descenso del crecimiento de la población en edad de trabajar reduce la rentabilidad de la inversión privada y aumenta el riesgo de recesiones prolongadas como la que siguió a la crisis financiera de 2008. No es casualidad que Japón, con una tasa baja de fecundidad y profundamente hostil a la inmigración, empezase a experimentar una deflación y un estancamiento persistentes una década antes que el resto del mundo. Destruir la DACA hace que Estados Unidos se asemeje más a Japón. ¿Por qué nos iba a interesar hacerlo?
¿Y qué decir de la afirmación de que los trabajadores inmigrantes compiten con trabajadores nativos menos preparados, haciendo que bajen sus salarios y aumentando la desigualdad interna? La mayoría de los datos indican que esta afirmación es errónea, pero de todos modos no viene al caso: los dreamers son relativamente un grupo bien preparado, muy distinto de los inmigrantes indocumentados que llegaron ya de adultos.
En resumen, dejar que los dreamers trabajen solo aporta ventajas económicas para el resto de nuestra nación, y ninguna desventaja, a no ser que uno tenga algo contra las personas de piel morena y apellidos hispanos. Que es, por supuesto, de lo que trata todo esto.
