Por sus cualidades disolventes, el mercurio es ampliamente utilizado en la minería, especialmente para la extracción del oro. Sin embargo, es también uno de los metales más tóxicos y contaminantes del planeta, tanto más dañino por cuanto sus partículas, una vez liberadas a la atmósfera, pueden desplazarse largas distancias.
Además, no se degrada y se acumula en la cadena alimenticia, por lo que es fácilmente absorbido por los cultivos, la fauna y las personas, causando serios problemas de salud y daños en los ecosistemas allí donde se desplaza. Por ejemplo, según alerta el estudio Contaminación con mercurio, publicado por investigadores de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba en 2016, los niveles de mercurio en los peces de diversos ríos de la Amazonía boliviana han alcanzado topes alarmantes; lo que a su vez repercute en la salud de quienes habitan en esa región, pues el pescado constituye su principal alimento.
De hecho, ya en 2012 una investigación impulsada por la FAO advertía que muchas familias de esa región del oriente boliviano consumen 109 microgramos de mercurio por cada kilogramo de peso (µg/kg) en promedio, nivel muy por encima de los 2 µg/kg considerados como tolerables por la OMS. Por tanto, su salud se encuentra seriamente amenazada, toda vez que a largo plazo esta sustancia puede producir daños neurológicos y de salud irreversibles, siendo los niños y los bebés en gestación los más vulnerables.
Y por si lo anterior no fuese suficiente, el mercurio perturba la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos, de allí que la OMS haya decidido incluirlo entre los 10 productos químicos que plantean mayores problemas para la salud pública en el mundo.
Por éstas y otras razones, la comunidad internacional hace ya varios años se propuso entablar una cruzada contra el mercurio, materializada en un convenio que compromete a los Estados signatarios a aplicar medidas que reduzcan y en lo posible eliminen su producción, comercialización y utilización. Este acuerdo, denominado Convenio de Minamata, entró en vigencia el pasado agosto, luego de que 74 países, entre ellos Bolivia, lo ratificasen.
Tomando en cuenta que el país es uno de los mayores contaminantes de mercurio en el planeta, responsable del 6,8% del total de toneladas de este metal liberadas al medio ambiente (aunque recientes investigaciones incrementan este porcentaje hasta un 12%), el desafío que enfrenta el Gobierno en esta materia no es menor.
Sin embargo, no por muy grande que éste sea no pude sino enfrentarlo. Y no solamente porque el nombre de Bolivia y su “palabra” a la hora de cumplir compromisos internacionales están en juego, sino también —y sobre todo— está en riesgo la salud de miles de personas, así como la de humedales y ecosistemas esenciales para la seguridad alimentaria y el bienestar de las sociedades.
