En las semanas pasadas retornó la discusión sobre la solidez de los fundamentos macroeconómicos de la economía, debido, entre otras cosas, a la política gubernamental de otorgar un segundo aguinaldo a los asalariados cuando el crecimiento del PIB rebasa el 4,5%. Valga la ocasión, entonces, para proponer algunas reflexiones sobre la materia.
En primer lugar, las cifras comparativas del desempeño reciente de la economía boliviana respecto de los vecinos de América del Sur no dejan duda: en lo que atañe al crecimiento, el país se encuentra entre las primeras posiciones desde hace varios años. Es una comparación ciertamente válida, pero resulta incompleta sin la referencia al nivel correspondiente del PIB por habitante, caso en el que nuestra cifra ($us 3.276) pone de manifiesto brechas significativas con Chile ($us 12.910), Argentina ($us 12.425), Brasil ($us 8.567) y Perú ($us 5.727).
Para cerrar tales brechas Bolivia necesitaría crecer de manera sostenida durante varias décadas a un ritmo cercano al doble del que ostenten en el futuro los países mencionados. Se comprende que es enorme el esfuerzo necesario para aproximar los niveles de ingreso por habitante de Bolivia al de los otros países sudamericanos, y será tanto mayor en la medida en que en los próximos años se recuperen los niveles de crecimiento de dichos países.
En segundo lugar, si bien es verdad que la situación actual no justifica actitudes alarmantes, no se puede decir lo mismo de las previsiones al futuro. En efecto, el modelo imperante de redistribución forzada de ingresos sin aumentos sostenidos de productividad ni cambios estructurales en la configuración del aparato productivo no será sostenible en el futuro, debido a que es muy poco probable que en el mediano plazo se repita la excepcional coyuntura de altos precios internacionales de las materias primas y los productos básicos. Lo que sí parece inminente en cambio es la aceleración del cambio tecnológico global mediante la difusión de la robotización, la inteligencia artificial y las energías renovables, que traerán aparejadas grandes repercusiones en las esferas del empleo, la producción y el comercio internacional, entre otras.
Por tal motivo, resulta claramente inapropiado electoralizar prematuramente la atmósfera nacional sin considerar los impedimentos constitucionales y políticos vigentes, pero además cuando las circunstancias exigen un viraje mayúsculo de la política económica.
Entre los requisitos para eso cabe mencionar: (i) una visión verosímil de país futuro, que proporcione rumbo certero a las iniciativas de los agentes estratégicos; (ii) una revisión de la calidad de la inversión pública orientada a superar los problemas que ya son inocultables; (iii) un esquema de concertación tripartito que proporcione estímulos e incentivos transparentes a las inversiones orientadas a la transformación cualitativa del aparato productivo mediante innovaciones tecnológicas; (iv) una modificación del esquema de precios relativos y (v) la adecuación de la pauta general de apropiación y distribución del ingreso, que es claramente diferente cuando el excedente se genera en la explotación de los recursos naturales de cuando proviene de aumentos de productividad, mediante innovaciones tecnológicas sistemáticas. Como es sabido, esto último ocurre primordialmente en la esfera manufacturera, y en mucho menor medida en las actividades del comercio y los servicios.
Por último, una trayectoria de crecimiento impulsada por una dinámica ascendente de la productividad necesita ciertamente acompañarse de políticas eficaces que promuevan la formalización creciente de la economía, lo que deberá traducirse a su vez en nuevas pautas de distribución primaria de los ingresos entre las empresas, los trabajadores y el Estado.
