La naturalidad con que se presentan pedidos de impedimentos y recusaciones de autoridades judiciales en Brasil, incluso y especialmente de la Corte Constitucional brasileña (80 procesos en los últimos 10 años), es sintomática. Este tribunal, así como el Poder Judicial en general, sufre hoy una profunda crisis de identidad. Al darle la espalda a la Constitución Política de Brasil, y dejarse influir por las presiones sociales y los medios masivos de comunicación, la Corte ha perdido el norte referencial y camina a oscuras, cargando el peso del protagonismo en la resolución de los principales problemas del país.
Es por eso que se observan tantas decisiones contradictorias en cuestiones de idéntica naturaleza, y tantos reclamos por parte de quienes están sometidos a procesos judiciales. Se dice cualquier cosa sobre cualquier cosa (Lenio Streck), y sobre todo cuando el asunto corresponde al ámbito del Derecho Penal, la discrecionalidad judicial da lugar al autoritarismo en nombre de la tan anunciada impunidad, que tolera todo.
No sorprende, por tanto, que el magistrado Gilmar Mendes haya declarado durante el proceso para separar a Aécio Neves del Senado, que a este paso él y sus pares acabarían en el programa de los andrajosos (trapalhões). Vale recordar que la competencia, por tanto, es de los parlamentarios, y que tal usurpación de poderes, en mayor o menor medida, ya había ocurrido antes, no hace mucho, con los parlamentarios Delcídio do Amaral y Eduardo Cunha.
Lo que no se está teniendo en cuenta todavía es que lo que está en jaque en este completo desbarajuste jurisdiccional es la confianza de la sociedad brasileña en la correcta administración de la Justicia, poniéndose en riesgo tanto la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial cuanto el propio Estado democrático de derecho. Y eso es muy grave.
Por ejemplo, el senador Renan Calheiros ya ha registrado un peligroso precedente de incumplimiento de las decisiones judiciales, delante del propio Tribunal Constitucional, cuando simplemente no acató la determinación de su retiro del Senado, ordenado por el magistrado Marco Aurélio Mello.
En fin, la crisis judicial en Brasil es innegable y necesita ser reconocida y enfrentada. Pero en cuanto el Tribunal Constitucional no comprenda su papel de guardián y no de dueño de la Constitución, reescribiéndola en cada decisión en lugar de cumplirla, no habrá ningún progreso.
