Siempre hay razones o emociones detrás de los votos. Las ideas compartidas, los intereses de grupo y la empatía con los candidatos, entre otros factores, se cristalizan de manera singular en el voto del ciudadano. No obstante, el domingo 3 de diciembre, frente a la urna electoral, me será difícil, sino imposible, encontrar razones o emociones para elegir entre los 96 candidatos que bregan duro por ocupar un sillón en los altos tribunales de justicia.
Los candidatos me resultan perfectamente desconocidos. He intentado encontrar en sus hojas de vida algún detalle que me conmueva o convenza, pero es inútil, esos datos almibarados (estudios, experiencia en la judicatura, algún libro) no proporcionan argumentos útiles para orientar mi voto. No alcanzo a diferenciar uno del otro; no siento ni animadversión (a pesar de que su preselección no fue completamente transparente) ni empatía: todos me son indiferentes.
En sus intervenciones televisivas los candidatos han demostrado tener buenas intenciones, han presentado proyectos o han hecho algún guiño para enfatizar su competencia profesional, pero ninguno se ha pronunciado de manera contundente sobre los temas álgidos y cruciales de la judicatura, y que por definición tienen connotaciones políticas. Me hubiese ayudado conocer sus posiciones respecto a la re-elección del presidente Morales, las tramas de corrupción, la independencia de poderes, el aborto, el matrimonio homosexual, entre otros.
Solo el debate y la toma de posiciones podrían producir argumentos para elegir uno de ellos. Es cierto que la deliberación es siempre insuficiente (nunca se produce un intercambio absolutamente impoluto y transparente de argumentos), pero al menos ella permite conocer las posiciones y las competencias reales de los candidatos. La deliberación exige que los postulantes demuestren un mínimo de imparcialidad para analizar las causas del descalabro del sistema judicial, pero sobre todo los obliga a trascender sus ambiciones personales para hablar del bien común.
Creo que todavía es válido sostener que el principio de la publicidad como fundamento de la democracia, a saber: la manera más segura de probar si una intención política es justa/injusta es someterla al escrutinio de los ciudadanos; es decir, destripándola para mostrar los pros y contras. Los candidatos no solo deben discutir entre ellos, sino también con la gente común. Pero esto es imposible, lo prohíben taxativamente las normas. El debate está “prohibido”, esta elección no es “política”. Y esto más allá de la buena o mala voluntad del Tribunal Electoral, que sancionó un reglamento más abierto para facilitar la presentación de los candidatos, pero que, lo reitero, no incluye el debate abierto.
Sea como fuese, nadie podrá negar que esta forma de proceder sea una insistente invitación al voto nulo. Sentido común, le dicen.
