En los últimos días, han sido constantes las noticias de nuevos feminicidios, que dan la impresión de un incremento en la frecuencia con que las mujeres son asesinadas en el país por cuestiones de género. Es difícil saber si es una tendencia o no, pero sí es posible afirmar que algo está fallando en la aplicación de la Ley 348, que en muchos aspectos no se cumple a cabalidad.
Tiempo atrás se escuchó decir, desde un ala del feminismo opositora al actual Gobierno, que la mencionada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, lejos de cumplir su cometido, ha incrementado el número de agresiones (si no de asesinatos) de féminas. Es posible discutir esta aparente correlación si se considera que lo que en realidad ha ocurrido es un incremento en el número de denuncias que se presentan, no solo porque ahora el asesinato de mujeres tiene su propio tipo en el Código Penal, sino también porque existe una instancia especializada para atender los casos denunciados: la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
Sin embargo, es de sobra sabido que la amenaza punitiva, incluso si la pena es tan drástica como la que se aplica a quienes cometen feminicidio (30 años de prisión sin derecho a indulto), nunca ha servido realmente para disuadir a quienes tienen la actitud o la tendencia criminal, por lo que combatir todas las formas de violencia contra las mujeres pasa, en primer lugar, por evitarlas y no solo por castigarlas.
Al respecto, días atrás, la Coordinadora de la Mujer recomendó trabajar el tema desde el ámbito de la educación y los medios de comunicación. “El principal obstáculo para avanzar tiene que ver con estos niveles simbólicos”, señaló la directora de esa organización, agregando que la reflexión y la práctica deben ser parte del trabajo cotidiano de las y los maestros. Desde el ámbito mediático, recordó que no basta con hacer cobertura noticiosa de la temática, y mucho menos cuando en otras secciones se muestra imágenes estereotipadas de las mujeres.
No es casual que todo el Título segundo de la Ley 348 esté dedicado a las políticas públicas de prevención de las violencias contra las mujeres. Sin embargo, es donde menos avances ha tenido la implementación de la norma; en parte porque para efectos políticos las tareas de largo plazo parecen poco rentables; y en parte porque muchos de los agentes involucrados en la tarea, públicos y privados, carecen de verdadero interés y compromiso.
Hay, pues, mucho trabajo por hacer para verdaderamente garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Mientras las soluciones sigan siendo punitivas (es decir, violentas) y no educativas, es difícil que la estructura patriarcal, verdadero origen de los males que aquí se lamentan, se vea sacudida e interpelada. Sin formación en valores como la igualdad, viejas y nuevas generaciones seguirán creyendo que la violencia es natural e inevitable.
