En los países andinos una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido violencia por parte de su pareja al menos una vez en su vida. No es solamente humanamente y socialmente inaceptable, sino también tiene secuelas económicas negativas. La violencia contra las mujeres no solo afecta su dignidad, su salud y su calidad de vida así como la de quienes las rodean, sino también merma su desarrollo personal y su capacidad de contribuir al crecimiento económico.
Según un estudio de la Cooperación Alemana realizado en Perú, Bolivia y Paraguay, la violencia contra las mujeres trabajadoras en relaciones de pareja está presente en una cantidad significativa de empresas y afecta directamente la productividad laboral y el desempeño. Los daños físicos y emocionales pueden resultar en una incapacidad laboral crónica de las trabajadoras en cuestión. El ausentismo así como problemas de concentración por distracción y preocupaciones son un claro ejemplo de ello. En los países del estudio, anualmente una víctima pierde al menos 25 días laborales; mientras que un agresor, al menos 36. Los expertos señalan que esta problemática ya no puede ser considerada por las empresas como una cuestión privada que no les concierne.
Las mujeres trabajadoras también pueden estar sujetas a acoso o conductas violentas por parte de sus superiores, colegas, clientes o autoridades locales. En efecto, los datos disponibles sugieren que la violencia en el mundo del trabajo afecta desproporcionadamente a las mujeres. Algunos de los factores que las exponen a la violencia son las relaciones de poder desiguales, salarios bajos o inestables, la inseguridad laboral y los sectores u ocupaciones en las que están concentradas las mujeres.
La violencia laboral puede llevar a las trabajadoras a abandonar su trabajo o a renunciar a trabajar. Esto, a su vez, se traduce en una discontinuidad del empleo y de los ingresos presentes y futuros (pensiones por ejemplo). De esta manera, los agresores contribuyen a aumentar la brecha salarial de género, que actualmente es del 23%; es decir, el salario promedio de una mujer equivale al 77% del salario de un hombre.
La eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado es un eje central de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, reflejado directamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) numeral 5 referido a la igualdad de género. Respecto al ODS numeral 8, enfocado en promover el trabajo decente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido desde sus inicios que éste es incompatible con la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo y es clave para su empoderamiento económico.
Consciente de la importancia del tema, la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2018 discutirá sobre la posible adopción de una nueva norma internacional sobre la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Dicha norma definirá lo que es “violencia y acoso en el mundo del trabajo”, determinará su alcance, y proporcionará orientaciones sobre cómo prevenir y abordar este flagelo.
La violencia contra la mujer es más que nunca visible en la agenda política; sin embargo, es importante mantenerlo a largo plazo y decir “basta de violencia, cambiemos, denunciemos”. Por estos motivos, la OIT se suma a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reafirma su compromiso de seguir colaborando con los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y la sociedad civil, a fin de garantizar un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas.
