En los últimos 25 días de paro que lleva adelante el sector salud he podido constatar que los sectores urbanos de la población tienen una relación ambigua con este sector. Una amiga resumió muy bien sus sentimientos al sostener que “los médicos son como los choferes de trufi: los odias, pero los necesitas”. Y esta indiferencia pública frente a su protesta, sumada al enojo por el paro de actividades que perjudica a la población más vulnerable (los médicos privados no pararon ni media hora) parece ser el principal impedimento para que logren lo que toda protesta social requiere: tener a la opinión pública de su lado.
La semana pasada me la pasé explorando el sentir de las personas respecto al paro médico. Me sorprendió que todos mis interlocutores, antes que hablar del asunto central, preferían relatar sus historias sobre actitudes displicentes, descuidos e indolencia que, según ellos, podían ser consideradas mala práctica. Cada uno tenía un relato sobre cómo los médicos te hacen sentir inferior desde el pedestal de su conocimiento, no explican a sus pacientes sus dolencias y, en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional de las personas, se apropian de tu cuerpo y tus decisiones. Su poder, según argumentaban algunos, muy lejos de estar basado en la ciencia, parecer estar centrado en la fe (tienes que creen en tu médico para sanarte) y generan una especie de “pensamiento mágico” respecto de los secretos de la vida.
En esta actitud de soberbia generalizada de los galenos se encuentra la explicación de la proliferación de las curas alternativas, new age y diversas estrategias ayurvedas a las que recurren las personas antes de caer en manos de la medicina. Y el círculo perverso continúa, porque la principal queja de los médicos es que sus pacientes, cuando llegan a sus manos, ya están con enfermedades avanzadas y por ello su atención se complejiza.
Más allá de estas emociones, demos un repaso a las raíces del conflicto. Las observaciones se centran en dos ejes: el control del Gobierno sobre los sistemas de salud y el reconocimiento del delito de mala práctica.
El Decreto Supremo 3385, emitido en noviembre de este año, crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud que establece la vigilancia del Gobierno a todos los sistemas de seguridad social de corto plazo, además de los subsectores públicos y privados del país. Los galenos que se oponen sostienen que ya existen mecanismos de regulación en el ámbito municipal y departamental, por lo que no ven necesaria la implementación de este decreto supremo. Sin embargo, la Constitución Política establece como “fines y funciones esenciales del Estado” garantizar el acceso de las personas a la salud; por tanto, la supervisión y regulación de todo el sistema no solo es legítimo, sino también deseable. Esta acción además se plantea como urgente luego del ejemplo de la Caja Nacional de Salud y sus 18.000 pruebas desviadas hacia clínicas privadas.
Por otra parte, el artículo 205 del Código del Sistema Penal, donde se legisla la mala práctica profesional, es rechazado por algunos médicos debido a que, según ellos, se establecen sanciones excesivas. La mala práctica en salud tiene que ser sancionada, así lo demandan cerca de 5.000 casos denunciados y que ya conforman el Comité de Víctimas de Negligencia Médica. Y la verdad, el artículo mencionado queda corto frente al dolor que algunos (pocos) médicos causan a sus víctimas.
En todos estos argumentos se encuentra la clave del apoyo social a la decisión de incorporar en el Código Penal la figura de mala práctica. La sensación generalizada es que la medicina hace mucho que dejó de ser una vocación social, para convertirse en un lucrativo negocio cuyas faltas son impunes.
