No hubo un momento crucial como el que soporta/sopesa el gobierno de Evo Morales. Acechado por un conflicto con los médicos que rebasó el mes, la animadversión pública contra sus acciones creció en los últimos meses, alimentada mucho más por la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de habilitar al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a otras autoridades electas a una segunda repostulación electoral en 2019.
Las protestas de los profesionales de la salud, motivadas por la penalización de la mala praxis médica en el nuevo Código Penal, no han cesado ni siquiera en las fiestas de Navidad y tienden a continuar esta semana que comienza, sin posibilidad de apertura de diálogo y con nosocomios casi cerrados o colapsados, como es el caso del Hospital de la Mujer, que en los últimos días se encontró hacinado por casos de partos, especialmente por cesárea.
Si bien parte de la población considera que la mala praxis es moneda común en las atenciones de salud y que requiere de una efectiva intervención del Estado, la otra expresa su respaldo a las protestas, a pesar de la virulencia que las caracterizaron la semana pasada en La Paz.
El Gobierno defiende su posición, actitud que impide cualquier posibilidad de discusión con los sectores en conflicto cuya demanda apunta ahora a cuestionar las políticas estructurales de salud en el país, con la posibilidad de ahondar la crisis.
Esa situación pone en jaque a la administración de Morales, que se apresta a iniciar un nuevo año de gobierno con más cuestionamientos que apoyo.
No es del perfil de Morales, del Gobierno y del MAS la sensatez sino la soberbia al encarar cuestiones públicas de alto grado político. Así, se presume que 2018 va a ser un año altamente politizado, por el interés del poder político mayoritario de instalar una precipitada campaña electoral, sabiéndose avalado por una sentencia que no tomó en cuenta una decisión electoral que había cerrado las puertas a una repostulación de Morales a través de la eventual modificación del artículo 168 de la Constitución, que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 había sido impulsada por el oficialismo y rechazada luego por la oposición.
En consecuencia, esta situación pone a prueba a la oposición, que tendrá que vencer el dilema de resistir la acción consumada del oficialismo o, de una vez, organizarse para hacerle frente a Morales y al MAS.
Es un duro desafío que tendrá que enfrentar: reflexionar sobre su horizonte ideológico en desmedro de su desabrida condición solamente reactiva, zafar la descontrolada e irreconciliable dispersión política, constituir una candidatura única y plantear el contenido y sujeto de una alternativa capaz de destruir el sustento del que ahora conocemos como “proceso de cambio”.
Lo poco que sabemos de esa facción política de varias cabezas es su discurso que equipara al gobierno de Morales con el de Venezuela, que habla de una dictadura rara en franco desconocimiento de lo que otrora fue realmente un régimen con esa condición, que desconoce los avances en los últimos años, que relativiza las cifras de la economía, que lo hace ver como el alumno más aventajado de la corrupción o el gestor del paraíso del narcotráfico. Los bolivianos saben del actual estado de cosas y lo comparan también con lo que fue antes.
El año que viene va a ser electoral, en el que los unos deberán convencernos de que tienen que jugar bajo reglas de la democracia y los otros, de que tienen una propuesta mejor de país. Hasta aquí los conocemos, y muy bien, a pesar de la propaganda que montan cada día, como si todo el tiempo fuera de campañas electorales.
