Todavía no ha terminado la ola de conflictos desatados por los gremios cuyos intereses parecen haber sido tocados por el nuevo Código Penal, pero es evidente que, con o sin batalla política en las calles, si se quiere que funcione la ley que transforma el sistema penal, ésta debe implementarse con celeridad. La pregunta es si dicha implementación está presupuestada.
En efecto, promulgada con gran celeridad el sábado 16 de diciembre, la Ley del Código del Sistema Penal, que se debatió durante nueve meses en la Asamblea Legislativa, contiene una cantidad sorprendente de innovaciones a la justicia penal, comenzando por los nuevos tipos penales (uno de los cuales tiene a los médicos en las calles desde hace más de un mes), hasta disposiciones radicales para evitar que los juicios se dilaten más de lo debido.
Así, se ha promocionado como innovaciones la eliminación de las actas circunstanciadas en los juicios, que a partir de ahora serán todos orales; la ausencia de un imputado ya no será causal para suspender una audiencia, al contrario, éste será obligado a asistir; cuando el fiscal o el juez sean los que falten a una audiencia, serán llevados por la fuerza o se arriesgan a ser destituidos.
Para evitar el abuso de los incidentes, éstos solo procederán si está presente quien los plantee; y solo podrá recusarse al juez una vez; la detención preventiva será disminuida a través de mecanismos como la vigilancia electrónica, la retención de documentos, el arraigo y la prisión domiciliaria, entre otros; se creará una oficina gestora de audiencias para la orientación ciudadana.
Lo más importante, se planea ofrecer diversas opciones para evitar la judicialización de los conflictos; se anuncian nuevas medidas de protección a las víctimas; se establecerán fianzas reales para asegurar la reparación de los daños causados; y, sobre todo, se dictará sanciones reparadoras en favor de las víctimas.
Es evidente que semejante lista de transformaciones, contenidas en un documento de 681 artículos, tres disposiciones transitorias, seis adicionales y tres abrogatorias, solo será ejecutada en un plazo más o menos largo. El Fiscal General del Estado se propone hacerlo en 18 meses. No se sabe cuánto tiempo planean tomarse los administradores de la justicia ni cuánto tiempo dispondrá el ministerio del área para hacerlo.
Pero importa menos en este caso el tiempo que los recursos disponibles. Y es que las innovaciones tecnológicas requerirán una fuerte inversión estatal. Por otro lado, los recursos humanos no solo demandarán recursos financieros para nuevas contrataciones y sobre todo formación específica, sino también fuertes dosis de compromiso y voluntad de transformar la Justicia. Esos componentes, desafortunadamente, no se producen por decreto ni bajo amenazas, pues son fruto de una construcción democrática permanente.
