Como todos los años, el inicio de las inscripciones escolares trae aparejado el conflicto del incremento de las pensiones en unidades educativas privadas. Este año, la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) ha propuesto un aumento del 5,8%, pero todavía debe negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas, que utiliza la inflación (en 2017 fue de 2,71%) como parámetro para este asunto.
A fines de diciembre pasado, el Ministro de Educación señaló que el incremento en las pensiones debía ser acordado una semana antes del inicio de las inscripciones, que según el calendario escolar está previsto para el lunes 15 de enero. Se espera que de la reunión convocada para hoy en el Ministerio de Economía emerja una cifra de consenso.
Según explicó la presidenta de Andecop, hay colegios que no logran “cubrir los mínimos gastos” de funcionamiento con las pensiones que cobran actualmente. En 2017, el incremento fue de 4%, pese a que las autoridades de gobierno habían propuesto que sea de 2%, igual que ahora. Agregó que este año se propusieron no aceptar un incremento menor que el del año pasado.
En criterio de la dirigente de los colegios, el aumento acordado en las últimas gestiones fue “irracional”, sobre todo si se considera que con la obligación de implementar el bachillerato técnico humanístico la carga horaria para las y los estudiantes aumenta significativamente; lo que implica más tiempo en aulas y, especialmente, más horas de trabajo para las y los maestros. Explicó que tienen numerosos casos de colegios que funcionan con crisis financiera.
El costo de las pensiones escolares es un asunto de la mayor importancia para las familias con hijos, pues éste debe considerarse como uno de los gastos fundamentales durante el año, y cualquier variación afecta el presupuesto familiar. Para la Andecop, el problema no es tan grave si se considera que en mayo se anunciará el incremento salarial, en un porcentaje al que los colegios privados quisieran llegar en su incremento.
Debe considerarse, sin embargo, que la necesidad de negociar el incremento en las pensiones de colegios privados es producto del todavía no superado déficit de calidad en la educación pública. Es probable que muchas de estas unidades educativas no sean realmente mejores, pero está bien instalada en el imaginario de la población la idea de que incluso un mal colegio privado es mejor que una buena escuela pública.
Toca, pues, al Ministerio de Educación hacer más y mejores esfuerzos para asegurar una mejora gradual pero continua de la calidad de la educación pública. Para ello hace falta lograr un verdadero compromiso del gremio de los maestros, habitualmente más activo en la movilización política que en la formación de nuevas y mejores competencias profesionales. Hacer realidad la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez es un trabajo de largo plazo.
