Esta semana Japón comenzará a liberar en el Océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua radiactiva tratada, ahora almacenada en la inutilizada planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi.
Se espera que se tarden décadas en liberar toda el agua de la planta, que fue devastada en 2011 por un tsunami generado por el poderoso terremoto de Tohoku. Tokyo Electric Power Company, o Tepco, que opera la instalación, y la Agencia Internacional de Energía Atómica dicen que la radiación que se liberará será de concentraciones tan bajas que tendrá un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente.
Eso puede resultar cierto, si todo va de acuerdo con los planes de Tepco, de manera consistente y sin mayores contratiempos, por lo menos durante los próximos 30 años. Solo el tiempo dirá. Pero las cuestiones más importantes aquí tal vez no sean las técnicas, científicas y radiológicas, sino las del ejemplo que se está dando.
El gobierno japonés y Tepco tomaron la decisión de liberar el agua luego de un proceso que no ha sido completamente transparente ni adecuadamente inclusivo de importantes partes interesadas, tanto en Japón como en el extranjero. Esto planta las semillas de lo que podrían ser décadas de desconfianza y contención.
Pero quizás aún más preocupante, Japón está sentando un precedente para otros gobiernos que podrían ser incluso menos transparentes. Esto es peligroso, particularmente en Asia, donde más de 140 reactores de energía nuclear ya están en operación y, liderados por el crecimiento en China e India, docenas más se están construyendo, están en etapa de planificación o se han propuesto. Si Japón, una fuerza cultural y económica mundialmente respetada, puede salirse con la suya con el vertido de agua radiactiva, ¿qué va a detener a otros países?
No se puede negar que Japón y Tepco están en un aprieto sobre qué hacer con los subproductos del peor accidente nuclear del mundo desde Chernobyl en 1986. Los restos de combustible nuclear derretido dentro de los reactores dañados se enfrían con agua bombeada, que entra en contacto con un cóctel tóxico de sustancias radiactivas conocidas como radionúclidos. A esto se suma unas 100 toneladas de aguas subterráneas y pluviales, que cada día se filtran a los edificios del reactor y también se contaminan. Toda el agua se envía a través de un poderoso sistema de filtración para eliminar gran parte de la radiactividad y se almacena en el sitio en más de 1.000 tanques de acero gigantes. Pero la cantidad de agua crece constantemente y Tepco ha advertido repetidamente que se está quedando sin espacio de almacenamiento en Fukushima.
El agua de Fukushima fue una oportunidad de oro para Japón no solo para igualar esos éxitos sino también para establecer un nuevo modelo global para abordar la dificultad de la eliminación de desechos nucleares con transparencia e inclusión. En cambio, la decisión fue esencialmente tomada por el gobierno, anunciada y luego defendida enérgicamente. En esta etapa, parece poco probable que Japón cambie de rumbo. La cultura burocrática y corporativa del país es notoriamente compleja y lenta, y las decisiones importantes como esta son casi imposibles de revertir.
Pero no es demasiado tarde para mejorar la confianza pública. Japón invitó al OIEA a ayudar a monitorear el lanzamiento, y esto es bienvenido. Pero muchos japoneses, acostumbrados a la ofuscación y la falta de transparencia sobre Fukushima, simplemente ya no confían en las garantías oficiales. Sólo un régimen de monitoreo verdaderamente independiente, internacional y participativo, con la estrecha participación de quienes tienen más probabilidades de verse afectados, será suficiente para garantizar que la liberación del agua se realice de manera segura y responsable.
Con eso, un mal precedente podría transformarse en uno admirado mundialmente.
(*) Azby Brown es investigador y columnista de The New York Times
