Días atrás se conoció la noticia de que el Cónsul de España en Santa Cruz de la Sierra había sido destituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores español por “pérdida de confianza” y “mala gestión”, luego de que se confirmara una red de venta de visas y pasaportes fraudulentos en la oficina diplomática cruceña con la complicidad de una agencia de viajes.
Según informó el diario español El País, el caso se podría remontar hasta 2015, cuando el Ministerio Público y la Fiscalía bolivianos iniciaron una investigación al respecto. Al ahora excónsul se le acusa de no haber seguido las órdenes e instrucciones de la Directora de Asuntos Consulares de su Cancillería. El funcionario destituido negó las acusaciones en su contra y señaló que la culpa es de sus autoridades superiores por no haber dado curso a las medidas que propuso al saberse la gravedad del caso. En La Paz, el Embajador de España declinó hacer declaraciones al respecto.
Hasta donde se sabe, por declaraciones de la fiscal cruceña encargada del caso, se trata de una estafa de visados y trámites de nacionalidad con cinco implicados, tres en detención preventiva, una con medidas sustitutivas y uno fugado, quienes cobraban entre $us 8.000 y $us 10.000 por cada visa y entre $us 10.000 y $us 15.000 por obtener la nacionalidad española. Se ha identificado a al menos 102 víctimas, de quienes los estafadores habrían recaudado $us 816.000.
De acuerdo con la investigación, las víctimas eran captadas a través de las redes sociales e iniciaban el trámite en una agencia de viajes cuya propietaria es prima de un exfuncionario del Consulado, la madre de éste era quien recaudaba el dinero. En la oficina diplomática había dos cómplices, el Jefe de Visados y la Jefa de Registro Civil.
En su declaración ante la Fiscalía, la propietaria de la agencia señaló que ella daba a su primo $us 2.800 por cada pasaporte que obtenía la visa y que parte del resto del dinero se entregaba a los dos cómplices del Consulado. La acusada añadió que su primo fugó con $us 123.000. Cuando fue detenida se descubrió que tenía en su poder 82 pasaportes. En el caso de los trámites de nacionalidad, los interesados solo debían entregar su carnet, pasaporte, fotografías y el dinero. A cambio, podían convertirse en súbditos españoles sin siquiera haber pisado ese país.
Se trata, pues, de un caso que reviste gravedad, pues además de confirmarse un nuevo esquema de estafa cuyas víctimas son personas dispuestas a migrar del país a cualquier costo y sin medir los riesgos legales, se ha comprometido la buena fe de la representación diplomática de España en Bolivia. Aunque la ola migratoria ha disminuido notablemente hace muchos años, toca que las instituciones reactiven las campañas de información para evitar que personas incautas sigan cayendo en manos de estafadores.
